El Gobierno de Bildu presenta la segunda querella por el ‘caso Bidegi’

La Diputación de Gipuzkoa, gobernada en funciones por Bildu, ha presentado hoy en el Juzgado de Azpeitia la segunda querella por el caso Bidegi, como había anunciado el Gobierno foral antes de celebrarse las elecciones del pasado 24M. La denuncia se basa en la presunta malversación de 17,1 milones de euros en la construcción del tramo Eskoriatza-Arlaban de la AP-1.

La querella solicita la imputación de varios responsables de Bidegi, de la UTE Arlaban y de la dirección de obra llevada a cabo por Euroestudios, por los delitos de malversación de caudales públicos, de fraude y exacción ilegal, de falsedad documental y de infidelidad en la custodia de documentos, según ha informado la Diputación en un comunicado, De los 17,1 millones que presuntamente se abonaron indebidamente a las constructoras, 10 millones corresponderían a trabajos no realizados en el tramo alavés del túnel de Isuskitza, que une Gipuzkoa con Álava.

Además de estas imputaciones, la Diputación ha solicitado la toma de declaración como testigos del que será el próximo diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, del PNV, además del futuro alcalde donostiarra, Eneko Goia, y de Luis Mari Apraiz y Felix Urkola, todos ellos excargos de la Diputación de Gipuzkoa.

Los 17,1 millones de supuesto fraude que la Diputación guipuzcoana hace constar en su segunda querella se suman a otros 13,6 millones que la institución foral tramitó anteriormente por trabajos no realizados en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte, referidos a un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra.

De este modo, las denuncias del Gobierno foral de Bildu elevan a 30,7 millones de euros la cantidad que supuestamente la sociedad pública Bidegi abonó a las empresas constructoras por las obras de la AP-1.

El Gobierno foral de Bildu hace un "llamamiento explícito" a los nuevos representantes de la Diputación, previsiblemente el PNV, para que "continúen con la investigación y faciliten la labor de los juzgados". "Se trata de su responsabilidad, de su obligación, y esperamos que actúen correctamente", asegura en el comunicado.