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Cuando la mecha del movimiento social se apaga

Desaparecen en Castellón las agrupaciones que tomaron alcaldías en 2007 para frenar vertederos de tóxicos

Vecinos de La Salzadella, Les Coves de Vinromà y del Tírig ( Castellón) , se manifiestan contra los proyectos de creación de plantas de residuos tóxicos en sus términos municipales y cercanías
Vecinos de La Salzadella, Les Coves de Vinromà y del Tírig ( Castellón) , se manifiestan contra los proyectos de creación de plantas de residuos tóxicos en sus términos municipales y cercanías

Los comicios municipales de 2007 fueron en Castellón los del despertar social. Hasta cinco pueblos del interior cambiaron de signo político porque los vecinos sintieron la necesidad de tomar el Ayuntamiento para parar proyectos o poner orden en la gestión. El domingo, tras dos mandatos, la mayor parte de estas agrupaciones de electores morirán. El cansancio, la falta de relevo y las dificultades de no contar con el respaldo de los grandes partidos les ha pasado factura.

Uno de estos alcaldes imprevistos es Jacobo Salvador. Es regidor de Les Coves de Vinromà, un pequeño pueblo del interior de Castellón, desde 2007. Antes fue un quiosquero sin aspiraciones políticas. Hasta que el anterior alcalde del Partido Popular aprobó, con el aval de la Diputación que lideraba Carlos Fabra y de la consejería de Territorio que dirigía Rafael Blasco (condenado por fraude en las ayudas a la cooperación), la instalación de un vertedero de residuos tóxicos en el pueblo. Junto a Les Coves se proyectaron sendas plantas en otros dos pueblos: La Salzadella y Fanzara. Estos planes despertaron una movilización vecinal sin precedentes que les costó el reproche del exbarón del PP provincial. Les llamó “ecologistas trasnochados”. Salvador pasó de ser el portavoz de la plataforma antivertedero a liderar la lista de una agrupación de electores que desbancó a los populares. Gobierna el municipio desde 2007, pero no se presentará a las elecciones y la formación desaparecerá.

El ‘fracking’ y la lección aprendida

Los pueblos del norte de Castellón viven ahora bajo la amenaza del fracking (el controvertido método de fractura hidráulica de las rocas para extraer hidrocarburos). Montero Energy, la filial española de la canadiense R2 Energy, está a la espera de que la Generalitat responda a sus solicitudes para estudiar en exclusividad y durante seis años una zona de casi 200.000 hectáreas en 41 municipios. El proyecto despertó rápidamente la oposición de colectivos ciudadanos y ecologistas.

La Plataforma Antifracking (PAF) inició una campaña para que todos los ayuntamientos se posicionaran en contra a través de mociones. La mayoría lo han hecho. “Muchos han votado en contra por el escarmiento de lo que ocurrió con los vertederos y así han acallado las manifestaciones”, dice Abelardo Ripoll. También ha ayudado a apagar las protestas el hecho de que la Diputación se haya posicionado en contra de estos proyectos y a pesar de que, previamente, reunió a los alcaldes afectados ante Craig Steinke, el magnate canadiense dirigente de la multinacional, que les prometió trabajo y dinero por la actividad.

Los permisos duermen en varias consejerías de la Generalitat desde que se solicitaron a finales de 2012. En enero de este año, un informe del Consell admitía los riesgos ambientales de este método pero no lo vetó. Todavía no se ha pronunciado sobre si concederá los permisos o los rechazará.

“Supongo que si nos hubiéramos presentado hubiéramos vuelto a ganar, pero yo dije que iba a estar máximo ocho años, me he cansado y no hay nadie que haya querido tomar el relevo”, explica Salvador. La desaparición de la agrupación ha hecho que PP y PSPV pugnen por el Ayuntamiento. Hoy Les Coves está tomado por carteles y pancartas de ambos partidos. La amenaza del vertedero es solo un mal recuerdo. El polígono donde se iba a instalar acoge ahora una fábrica de palas de molinos de viento de una multinacional. “Los vecinos han visto que se ha parado su construcción y creen que ya no hace falta luchar, y eso es una equivocación”, lamenta en referencia a que nadie ha querido tomar el relevo. Al alcalde le espera el paro cuando el equipo de gobierno que salga elegido tome posesión.

A unos pocos kilómetros al norte de Les Coves está La Salzadella, un municipio de menos de 900 habitantes y que presume de ser el “paraíso de la cereza”, como proclama un cartel a la entrada del municipio. También allí se aprobó construir un vertedero que incluía residuos tóxicos. Abelardo Ripoll lideró junto con Jacobo Salvador el movimiento antivertedero. Y también en La Salzadella la lucha derivó en una candidatura. La agrupación de electores desbancó al PP tras cuatro legislaturas. Ripoll, un fabricante artesano de toneles, se hizo con la vara de mando pero la perdió en las elecciones de 2011. “Nosotros surgimos por el vertedero pero el pueblo siempre ha sido de derechas (…) Han sido diez años de lucha, estamos cansados y no hay nadie que dé el paso”, dice Ripoll.

En Fanzara, el otro municipio donde se proyectó un vertedero, los vecinos que lideraron las protestas no formaron una candidatura, sino que se integraron como independientes con la lista del PSPV-PSOE. Allí todavía recuerdan los años en que los niños, por la costumbre, jugaban a manifestarse. Los cabecillas de estas protestas también abandonan “por cansancio” la política. Están metidos de lleno en convertir el pueblo en la capital del grafiti.

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Al sur de La Salzadella y Les Coves se llega, por la misma carretera, a otros dos pueblos donde otro proyecto (el aeropuerto de Castellón) despertó conciencias que se plasmaron en candidaturas. En Torre Endoménech, de poco más de 200 vecinos, una agrupación de electores quitó el Ayuntamiento al PP, que gobernaba desde 1979. Tras dos mandatos también se retiran. La alcaldesa, Amparo Bort, no quiso explicar los motivos: “La prensa no se ha acordado de nosotros en ocho años y ahora no creemos que sea el momento”.

Donde sí subsiste la agrupación creada en 2007 es en Vilanova d’Alcolea, el municipio que acoge el polémico aeropuerto. La Agrupación Vilanova Independiente (AVI) gobierna desde ese año y concurre a los comicios del 24-M. El actual alcalde, Francisco Oller, explica que la candidatura nació al ver que la construcción del aeródromo no estaba repercutiendo económicamente en el municipio. “No hubo licencia de obra, ni se cobraba IBI”, apunta.

Alejado de proyectos nació en otro pequeño pueblo del interior de Castellón, en Vistabella, una agrupación de electores que se hizo con el Ayuntamiento en 2007 y todavía lo mantienen. La actual regidora, Belén Barchero, cuenta que decidieron presentarse al ver que había descontrol en las cuentas (el tribunal de cuentas valenciano llegó a abrir diligencias porque nunca se presentaban) y porque no entendían cómo, pese a tener un pozo que consideraban suficiente para el suministro de agua, Vistabella necesitaba cada año camiones cuba. Era la época del "agua para todos" y la campaña por el trasvase del Ebro. “Detectamos fugas en la tubería, se arreglaron y ya no necesitamos las cubas, salvo el año pasado por un sabotaje”, explica. Barchero se presenta ahora como número tres por Castellón de Compromís en las autonómicas. Así que la agrupación concurre en el pueblo bajo el paraguas de esta formación. “De esta forma tenemos un amparo mayor, antes era luchar solos”, lamenta.

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