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Prieto y su sucesora incumplieron la orden del PSE de publicar sus bienes

Afiliados alaveses lamentan que el partido nunca explicó las cuentas

La denuncia anónima sobre las obras que la empresa propiedad de Txarli Prieto y su hermano acometió en varias sedes del PSE-EE alavés coincidiendo con su etapa de secretario general de esta organización durante los años 2010 y 2011 ha abierto la puerta de las cuentas pendientes. De entrada, excargos públicos socialistas recuerdan ahora que Prieto, además de su sucesora en el cargo territorial del PSE-EE, Cristina González, y la actual vicepresidenta segunda del Parlamento vasco, Blanca Roncal, son los únicos miembros del grupo socialista en la Cámara de Vitoria que no han incluido desde la legislatura anterior su declaración de bienes en la página Facebook.

En diciembre de 2011, el portavoz parlamentario de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, presentó esta iniciativa de “transparencia” a la que se sumaron todos los parlamentarios del grupo que entonces secundaba al Gobierno de Patxi López, a excepción de Prieto, González y Roncal. Pastor admitió que esperaba que lo hicieran en breve, pero aún no se ha producido. Frente al estallido de casos como De Miguel (PNV) y Gürtel (PP), el PSE-EE buscó sin éxito entonces que todas las fuerzas políticas exhibieran los bienes de sus representantes.

En esta línea crítica sobre los comportamientos seguidos por Txarli Prieto durante su mandato como secretario general de los socialistas alaveses, se acumulan ahora las reiteradas exigencias por parte de afiliados sobre las cuentas del partido. “Nunca fueron atendidas”, reconoció el pasado jueves un acreditado miembro del sector crítico del PSE-EE en este territorio.

Esta fuente recuerda que a nivel de “Ejecutiva, Comité, Asambleas, etc, se fue reclamando personalmente por parte de más de un afiliado que se enseñara el estado de las cuentas” sin éxito alguno. Incluso, esta demanda fue trasladada por medio de un escrito al secretario general con ocasión del congreso provincial de 2013. “Hasta hoy”, recordó este afiliado.

"Es una auténtica canallada"

J.M.G.

“Es una auténtica canallada. Eso no se hace así. Hay otros lugares donde resolver las diferencias”. Un empresario socialista vitoriano, alejado de las tesis de Txarli Prieto, valoró así tan taxativamente ayer la denuncia anónima presentada por un miembro del PSE-EE alavés contra el exsecretario general de esta organización y actual parlamentario vasco.

En línea con el argumento expuesto por Carlos Totorika, alcalde de Ermua y candidato socialista a diputado general de Bizkaia, el industrial vitoriano alertó de que “se nos ha olvidado con mucha rapidez que en aquellos años muchos llevábamos escolta, recibíamos anónimos y estábamos amenazados”, recuerda. “Estamos hablando de 70.000 euros por unos trabajos de seguridad que en aquellos años de ETA se los encargabas a una empresa de confianza”, añade. “¿Y si no fuera de Txarli Prieto, qué estaríamos diciendo?”, se preguntaba intencionadamente.

Mientras algunos miembros del PSE-EE alavés destacan que “se está recuperando la calma”, los ánimos siguen encendidos porque hay coincidencia generalizada entre las diversas fuentes consultadas en que “solo una persona de dentro” puede disponer de la “abundante” documentación remitida a la Fiscalía de Álava, primero, y luego enviada al órgano jurisdiccional superior, que dirige Juan Calparsoro. El propio fiscal vasco admitió que “las numerosas pruebas de contratos y de pagos enviadas” evidenciaban un conocimiento “muy directo”.

Inicialmente, todos los indicios señalaron a Virgilio Bermejo como el presunto autor de la documentación recopilada y ahora en manos del fiscal.

A pesar de esta falta de respuesta, la exigencia de sectores críticos en Álava se trasladó a los órganos superiores del partido “a nivel de Euskadi y la propia Federal” aunque con igual resultado. Es significativo también que Blanca Roncal es la responsable desde hace varios años de la Secretaría de Administración del PSE-EE nacional.

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No obstante, con motivo de la última exigencia de Patxi Lazcoz de reclamar una auditoría interna en vísperas del relevo en la secretaría general del PSE-EE alavés, desde la dirección vasca se le recordó que las cuentas de esta territorial habían sido aprobadas “en las instancias correspondientes”, incluida la Federal.

Precisamente quienes han venido reclamando el detalle de las cuentas del PSE-EE tampoco eximen de responsabilidades a Lazcoz, alineado desde hace meses frente a Prieto y su sucesora, Cristina González. “Como secretario de Organización Lazcoz tenía que saber el estado de las cuentas y cuando pedíamos que nos las enseñaran, él estaba en la ejecutiva y nunca aceptó”, recuerdan de manera crítica.

Lazcoz es señalado como el “autor intelectual” de la denuncia anónima contra Prieto una vez que Cristina González impidiera que Maite Berrocal sacara adelante su lista como candidata a la alcaldía de Vitoria por el PSE-EE. No obstante, el exalcalde socialista se ha puesto a disposición del fiscal vasco, Juan Calparsoro, una vez que su nombre ha aparecido relacionado con la denuncia sobre las obras realizadas por la empresa Escoiba, propiedad de Prieto.

Desde el sector próximo a Lazcoz siempre se ha considerado a Prieto como la “larga mano” que ha decidido la suerte de la candidatura por su influencia sobre la gestión que desempeña su sustituta, Cristina González, y con quien mantenía una reconocida afinidad. Así las cosas, la división interna en el PSE-EE alavés situaría tres sectores enfrentados con una escasa relación entre ellos: el oficial, el crítico y el grupo de Lazcoz-Berrocal.

Mientras, el político socialista denunciado mantiene su actividad política centrada en el Parlamento y ha decidido no abundar en más declaraciones después de las explicaciones ofrecidas tras estallar la polémica para “evitar que sus palabras sean malinterpretadas”, según admitió un día después.

A su vez, fuentes socialistas en Bilbao y Madrid han coincidido esta semana en mostrar su “desagrado” por los efectos negativos de esta nueva polémica que resta credibilidad a la decidida apuesta del partido por “acabar con todo tipo de corruptelas o de mala imagen de gestión” entre sus cargos y afiliados. No obstante, en estos ámbitos se admite que “siempre” se ha conocido que la empresa de Prieto venía realizando estos trabajos “porque daba seguridad”.

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