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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La cuenta atrás de Susana Díaz

Es ya impostergable el acuerdo que impida el uso partidista de las Administraciones

No hay ni un solo país que podamos considerar de los más avanzados del mundo —a los que hemos de parecernos para poder vivir los “mejores años” que nos prometió Susana Díaz nada más ganar las elecciones— que haya llegado a serlo sin una administración pública eficaz, transparente y al servicio efectivo de los intereses generales. Algo que no tenemos en Andalucía como acaba de poner de relieve el audio que delata su vergonzoso uso clientelar por parte de la ex delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, candidata del PSOE el pasado 22-M y en las próximas municipales, o la carta a los funcionarios de la delegada de Educación en Córdoba.

Los andaluces no viviremos tiempos mejores sino que volveremos a las peores épocas del caciquismo si no se extirpan de raíz esas conductas y si sus responsables no pagan el daño que están produciendo. Y lo cierto es que con Susana Díaz no se ha avanzado lo suficiente en ese sentido. Ni en su calidad de secretaria general ha impuesto en su partido mecanismos de selección que eviten la promoción de personas que actúen de modo tan bochornoso, ni como presidenta ha reformado nuestra administración pública para evitar ese tipo de cosas. Más bien lo contrario, como lamentablemente demuestran bastantes de sus nombramientos.

A la vista de este nuevo escándalo y en plena negociación de investidura con los demás partidos, parece imprescindible que Susana Díaz muestre algo más que buenas palabras para que no solo los dirigentes políticos sino el conjunto de la ciudadanía puedan confiar en que tiene algo más que propósitos a la hora de combatir las malas prácticas y los brotes podridos que es evidente que hay en su partido.

Es ya impostergable el acuerdo entre todas las fuerzas políticas (porque a todas les afecta y para que no haya vuelta atrás) que impida el uso partidista de las administraciones. Hay que profesionalizar la función pública y dimensionarla en virtud de su utilidad social y no de la de los partidos. Hay que poner en su sitio el sector público instrumental (fundaciones, consorcios...) para hacerlo “eficiente y coherente”, como en su anterior investidura prometió hacer la presidenta pero no ha hecho. Hay que hacerla transparente, pero no solo un poco, y someterla a un constante control ciudadano e independiente y no de empleados de los propios partidos que la usan para sus intereses, como ocurre con la Cámara de Cuentas.

A nuestra presidenta le llega la hora de la verdad, en la que ha de ofrecer hechos y no solo humo. Debe poner sobre la mesa algo grande y realmente convincente si quiere que podamos creer que lucha de veras contra la corrupción que ha brotado y brota tan cerca de ella.

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