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Benidorm considera un expolio que su playa sea adscrita al dominio público

Ayuntamiento y afectados viven con preocupación la decisión de la Dirección de Costas

La playa de Levante de Benidorm desde la terraza de un bar sobre el límite del mar.
La playa de Levante de Benidorm desde la terraza de un bar sobre el límite del mar.JESÚS CÍSCAR

Las relaciones entre el Gobierno central y Benidorm son cada vez peores. La Dirección General de Costas está tramitando el traslado al dominio público de la primera línea de playa de esta ciudad que vive para el turismo. Los paseos marítimos de sus playas pasarán al control del Gobierno central, una decisión que deja una sensación de “robo” entre las autoridades de la ciudad y los propietarios afectados. De no atenderse las alegaciones, cuyo plazo de presentación acabó el viernes, deberán pedir permiso a Costas para cualquier obra que afecte a la fachada marítima benidormí.

Unas 3.000 unidades habitacionales (residencias, habitaciones hoteleras, negocios, etc.) quedarán afectadas, según los cálculos municipales, a lo largo de los cinco kilómetros que suman los paseos de Levante y Poniente. Punta Canfali, el acantilado natural que separa ambas playas y sostiene el casco histórico, también. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente considera que estos terrenos nunca perdieron la categoría de dominio público marítimo terrestre y los reclama para sí ajustándolos a la Ley de Costas de 1.988, que desaconseja las construcciones paralelas al mar.

Hosbec, la patronal hotelera, encuentra la situación “kafkiana”, tratándose de un entramado urbano levantado en los años setenta y reconfirmado en todos los planes urbanos de la ciudad. En el Ayuntamiento, gobernado por una coalición del PSPV y los liberales del CDL, hablan de “expolio” y “burocracia farragosa” para cualquier tipo de obra. Y reclaman las mismas excepciones aplicadas a ciudades como Gandia, Alicante o Santa Pola, con paseos en similares condiciones.

Este es el segundo encontronazo de gran calibre en apenas un año entre la ciudad de los rascacielos y el Gobierno central. A finales de 2013, el Ejecutivo negó a Benidorm la condición de municipio turístico, una figura que contempla ventajas económicas y fiscales para los núcleos urbanos que en verano multiplican sus poblaciones, caso de Benidorm. Tiene censados 75.000 habitantes y una población flotante de 150.000. En verano, alberga a unas 400.000 almas en busca de diversión, sol y playa. Con los números en la mano, sus autoridades piden un mejor trato: Benidorm pelea con Madrid en número de pernoctaciones anuales, aporta un 1% al PIB nacional y un 10% al regional.

“Nos quitan la gallina de los huevos de oro, aquí limpiamos la playa los 365 días del año, vivimos de ella, nadie la cuida mejor”, dice Jaime Tomás, de Fincas Benidorm, un negocio con más de 40 años a sus espaldas administrando pisos y locales en la primera línea, donde también está su oficina. Los expertos inmobiliarios dan por hecho una devaluación de viviendas y locales. “O viven en un claustro sin vistas o no se entiende cómo hacen esto, es una barbaridad”, protesta Javier García, benidormí de quinta generación y administrador de varios inmuebles en los dos paseos de la ciudad.

El límite de la soberanía municipal comienza en la línea que marcan los paseos con la arena, pero queda sujeta a varias servidumbres que traerá un quebradero de cabeza a más de uno. El arquitecto municipal anda preocupado, por ejemplo, con el mantenimiento de las cinco estaciones de bombeo de aguas pluviales que quedan en la zona de protección de Costas, un área amortiguadora que se mete 20 metros dentro de la zona urbana. Aunque Medio Ambiente niega que vaya a haber cambios de titularidad, técnicos de Urbanismo sostienen que partes del espacio ajardinado o las piscinas de algunos hoteles sí lo harán.

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Más preocupados están en Punta Canfali, conocida por tener el mirador de la ciudad y donde la ribera del mar se choca con un talud de rocas. En esta zona, Costas solo permitirá obras accesorias, pequeñas reparaciones. Algún negocio ya se ha encontrado con dificultades para cambiar su fachada. Sobre el terreno, resulta difícil entender incluso cómo se puede respetar en varios puntos la servidumbre de paso, un espacio de seis metros que la ley establece cómo mínimo para el tránsito de personas y vehículos.

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