Los partidos soberanistas y el PSC lamentan la querella

La interposición de la querella contra Artur Mas ha generado una ola de críticas este mediodía en el Parlament por parte de todos los partidos salvo el Partido Popular y Ciutadans aunque este partido considera que “llega tarde”. La mayoría de portavoces parlamentarios ha lamentado que el Gobierno haya impelido a la Fiscalía a judicializar el conflicto soberanista cuando sostienen que se trata de un problema político. Jordi Turull, portavoz de Convergència i Unió, ha calificado de “error monumental” la querella y ha asegurado que, en el fondo, atraerá a ciudadanos catalanes hacia el proceso soberanista. Los convergentes comparten diagnóstico con los socialistas. Maurici Lucena, portavoz del PSC, ha lamentado que el Partido Popular haga una lectura tan desviada al llevarlo la cuestión ante los tribunales y ha advertido que tendrá un efecto bumerán: “Desde hace días lo están celebrando en la Generalitat”.

Los socialistas no secundaron el proceso participativo pero se opusieron desde un principio a la segunda impugnación ante el Tribunal Constitucional y han apelado de nuevo al diálogo y al proceso de reforma constitucional que auspicia Pedro Sánchez. Frente a esta postura, el portavoz de Esquerra, Oriol Amorós, ha acusado a la Fiscalía de “atropellar” los derechos fundamentales. “Digan lo que digan, decidiremos. No se vulnerará el derecho de los catalanes a decidir”, ha avisado en los pasillos del Parlament. Amorós se ha autodefinido como coautor del proceso participativo y ha sentenciado: “No se puede perseguir penalmente a un pueblo”.

En ese mismo sentido, el eurodiputado Ernest Maragall ha abundado que la demanda no está dirigida solo contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega o la consejera de Enseñanza, Irene Rigau: “No solo va en contra del presidente sino en contra de todos los catalanes”. “Hoy se ha judicializado la democracia. Es un error de los muchos que hace la Fiscalía y el PP”, ha deplorado Marc Vidal, diputado de Iniciativa per Catalunya.

Los portavoces de las cuatro fuerzas soberanistas del Parlament (Jordi Turull, de CiU; Marta Rovira, de ERC; Dolors Camats, ICV-EUiA y David Fernández, de la CUP) remitieron este jueves por la noche una carta al fiscal general del Estado informándole que el pasado 13 de enero el Parlament aprobó una moción en la que rechaza frontalmente que se exigieran responsabilidades judiciales por el 9N y asumía de manera “solemne y colectiva” todas las consecuencias que pudieran derivarse del mismo. Anticipándose a la formalización de la querella, los cuatro portavoces se declararan “mandantes y coautores” del 9N y de las mismas acciones que se les imputen a los miembros del Gobierno por “la organización y ejecución del citado proceso democrático”.