Cataluña y el PP

No hay nada como la distancia para colocar las cosas en su sitio. Por eso intentan que la memoria no exista sino un presente sin raíces ni historia. Durante la elaboración del Estatuto de Cataluña, el PP elaboró anuncios como éste y otros bastante más ofensivos, en el caso del PP de Andalucía y su incombustible Javier Arenas:

—¿Sabes que si nos vamos a vivir a Cataluña nuestro hijo tendrá que estudiar catalán?

—¡¿Cómoooo?!

—Lo que oyes, que en Cataluña es obligatorio estudiar catalán y no se puede en español, que es la lengua de todos.

—¿Y por qué?

—Porque Zapatero lo consiente y Chaves lo apoya”.

Recogieron, según sus datos escasamente contrastados, cuatro millones de firmas para pedir un referéndum en toda España contra algunas disposiciones del Estatuto Catalán y presentaron un recurso al Tribunal Constitucional (TC) que anuló 14 artículos, modificó la lectura del prólogo y sembró el descontento entre la población catalana. Los graves problemas que según el TC tenía el Estatuto eran considerar a Cataluña como una nación, establecer el catalán como lengua vehicular y preferente, otorgar al Sindic de Greuges —su Tribunal de Cuentas— la supervisión de la actividad de la Generalitat, poder establecer tributos locales o compartir algunas competencias con el Estado. Nos daría risa si no fuera para echarse a llorar. Hoy, cualquier gobernante incluso de la derecha más recalcitrante, estaría encantado de firmar un acuerdo con Cataluña en estos términos, pero la sentencia del Constitucional fue el detonante de gran parte de los problemas actuales.

Desde hace años el PP viene utilizando el tema catalán de forma casi obsesiva. Hasta ahora, se trataba de un enfrentamiento rentable en términos electorales y no les ha importado en absoluto incrementar de forma exponencial el descontento popular de los catalanes. Dos medidas recientes erizan el vello de la sensibilidad catalana: declarar el valenciano como una lengua no catalana (contra toda consideración científica) y proponer como una de las medidas de le ley de Educación el objetivo de “españolizar a los niños catalanes”. En los 15 días siguientes de esta afirmación del increíble Wert, el independentismo catalán subió 10 puntos netos.

Esta aventura equinoccial del PP —saludada fervorosamente en secreto por el independentismo más radical— es lo que impide una solución lógica, negociada y política al conflicto catalán. Lo lógico, en estos momentos, sería hablarle al pueblo catalán y reconocerle una parte importante de sus demandas: en primer lugar, son una nación, sin ningún tipo de reservas y, en segundo lugar, su lengua preferente e histórica es el catalán, al que no solo hay que respetar sino cultivar y proteger como una riqueza cultural de nuestro país. En tercer lugar, sus demandas políticas tienen que tener un cauce para expresarse, que puede concertarse entre todos y, en cuarto lugar, es posible una reforma constitucional de corte federal.

Nada de esto puede hacerlo el PP, a no ser que esté dispuesto a una reformulación completa. Su única carta, que sin duda jugará en algún momento, es establecer algún tipo de singularidad económica y competencial para Cataluña, incluso a través de un añadido a la Constitución actual, pero es precisamente eso lo que resulta inaceptable para comunidades como Andalucía que no va a consentir que, por la puerta de atrás, volvamos a un modelo desigual e insolidario. El aviso de su presidenta, Susana Díaz, ha sido el primer toque de esta campana y un aviso a sus propios navegantes.