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El testigo clave pone en jaque las pesquisas de Alaya sobre la formación

El funcionario admite que en el juzgado le dijeron dónde presentar la denuncia

Teodoro Montes a su llegada hoy a los Juzgados de Sevilla.
Teodoro Montes a su llegada hoy a los Juzgados de Sevilla.Paco Puentes

La declaración del principal testigo de la macrocausa que la juez Mercedes Alaya abrió sobre los cursos de formación de Andalucía ha puesto en jaque las pesquisas de la magistrada sevillana. El funcionario de la Junta de Andalucía Teodoro Montes sostuvo este viernes, en el quinto día de declaración, que fue en el juzgado de Alaya donde le dijeron que acudiera a la Guardia Civil a denunciar las supuestas irregularidades que conocía sobre los cursos. Esta declaración puede ser capital para resolver si la juez, instructora del fraude de los ERE, es competente para seguir con esta nueva macrocausa.

La magistrada sostiene que la investigación sobre los cursos de formación es una derivada del caso de los ERE, lo que sí le daría competencia para investigar este caso. Sin embargo, el testimonio de Montes pone en duda esta versión. Según declaró este viernes el funcionario, el año pasado, en una fecha sin precisar, acudió al juzgado de Alaya a presentar una denuncia sobre las irregularidades en los cursos de formación tras varios años sin que nadie le hiciera caso.

Teodoro Montes está imputado en otra causa por falsedad en un curso

Montes relató que en el juzgado de Alaya una persona que no precisó le indicó que acudiera a la Guardia Civil, que es el cuerpo que investiga el fraude de los ERE después de que la magistrada desplazara a la policía. Lo normal es que una vez presentada una denuncia esta vaya a reparto, sin que se sepa inicialmente qué juez la va a investigar.

Tras la indicación en el juzgado de Alaya, Montes prestó declaración ante la Guardia Civil el 22 de agosto de 2013 y allí denunció varias de las irregularidades que conocía como responsable del departamento de gestión de formación profesional ocupacional de la Junta de Andalucía. En esa declaración, el funcionario estableció un nexo entre el caso de los ERE y el fraude de los cursos de formación, del que luego se ha desdicho en su declaración judicial de esta semana.

Siete meses después de esta declaración de Montes ante la Guardia Civil, en marzo de 2014, la magistrada sevillana abrió el sumario sobre los cursos de formación. La magistrada afirma en el primer folio de la causa que esta nueva investigación se deriva de la caso de los ERE, pero lo cierto es que el segundo folio ya es la declaración que prestó Teodoro Montes ante la Guardia Civil. Es más, casi todo el inicio de la causa es información incorporada por Montes.

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Esta declaración se produce cuándo aún hay dudas sobre quién es el juez natural para investigar el fraude de los cursos de formación en Andalucía. Una docena de juzgados andaluces está investigando irregularidades en los cursos y es previsible que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tenga que resolver finalmente.

Alaya ha reclamado las investigaciones de los otros juzgados y uno de Málaga ya se ha negado a enviarle sus pesquisas. Además, el exconsejero andaluz Ángel Ojeda, imputado por Alaya, ha recurrido a la Audiencia de Cádiz después de que un juzgado de esta provincia se inhibiera en favor de la magistrada sevillana.

Sugiere trato de favor de una magistrada a la Junta de Andalucía

La declaración de Montes supone una confesión de que fue en el juzgado de Alaya donde se le señaló qué camino debía seguir para iniciar las pesquisas sobre los cursos de formación y pondría en cuestión los pasos que la juez ha dado para intentar quedarse con esta nueva investigación destinada a remover los cimientos de la Administración autonómica. De hecho, la juez ha calculado que la información que ya ha requerido a la Junta de Andalucía sumará más de dos millones de folios.

En contra de la idea de Alaya de asumir la macrocausa se han situado los fiscales andaluces, que la semana pasada tuvieron una reunión en la que acordaron que eran preferibles investigaciones en los juzgados provinciales para hacerlas más operativas.

El funcionario reconoció este viernes que está imputado por un delito de falsedad por un juzgado de Coria del Río por irregularidades en un curso de formación. Se trata de una investigación en la que se intenta aclarar la implicación de Montes en un curso en el que se falsearon datos de los alumnos y se suplantó la personalidad de algunos. Además, Montes sugirió trato de favor de la titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo 6 de Sevilla a la Junta por rechazar el recurso que puso por considerar que la Administración no le había reintegrado en su puesto de trabajo tras una demanda que ganó.

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