La justicia asesta un nuevo golpe al gobierno socialista de Ourense
La concejal de Urbanismo, a juicio por una de las seis causas en las que está imputada
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha ordenado procesar a la teniente de alcalde y edil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto (PSdeG-PSOE), por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, tras concluir la instrucción del caso de la plaza de San Antonio, una de las seis causas en las que la concejala está imputada. En su auto, el juez también ordena juzgar al abogado coruñés Carlos Hernández, por presunta cooperación para prevaricación. Este letrado, contratado por el gobierno ourensano de forma reiterada durante los últimos años, participó en el procedimiento como asistencia técnica externa.
El magistrado considera ilegal el proceder de Soto y Hernández tras legalizar una operación urbanística urdida en los años noventa que derribó un antiguo convento de monjas del centro de la ciudad para levantar en su lugar viviendas, oficinas, una plaza y un aparcamiento subterráneo. Además, la edil acordó el pago de una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado irregularidades en la obra. Si acata la normativa interna aprobada por los socialistas, Soto deberá dimitir del cargo que ocupa en el Ayuntamiento. En este mismo caso fue imputada toda la junta de gobierno bipartita PSdeG-BNG que aprobó la legalización, aunque esas imputaciones quedan ahora sobreseídas.
El auto de procedimiento abreviado ha sido comunicado a las partes el mismo día en el que la concejala procesada, que también es secretaria de la junta de gobierno, fue reprobada con los votos de PP y Democracia Ourensana (DO), en un pleno extraordinario celebrado hoy, en el que la oposición le exigió explicaciones por las discrepancias entre el contenido de las actas que firmaba y los reparos manifestados durante por el interventor y el asesor jurídico durante el procedimiento de aprobación de los presupuestos municipales del presente ejercicio. El interventor llegó a acusar por escrito al gobierno local de manipular las actas.
