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La Pokémon revela más enchufes de decenas de políticos de toda Galicia

Aquagest, concesionaria pública, recibió una avalancha de peticiones

Un funcionario judicial, con documentos del caso Pokémon, el pasado enero.
Un funcionario judicial, con documentos del caso Pokémon, el pasado enero.ELISEO TRIGO (EFE)

Correos electrónicos interceptados en la Operación Pokémon y ahora desvelados ponen de manifiesto la desesperación de decenas de parados por lograr un empleo en plena crisis. Y el interés de decenas de políticos y funcionarios de todo color por primar a familiares, amigos o conocidos frente a otros ciudadanos sin acceso a ellos para que contratas públicas y cargos institucionales recibiesen sus currículos e intentasen enchufarlos, no siempre con éxito. Nuevos documentos ahora trasladados a las partes por la instructora del caso, Pilar de Lara, incluyen un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera que recopila numerosos correos con peticiones de favores intervenidos en Aquagest y en el Ayuntamiento de Santiago.

El listado comienza con un mensaje de abril de 2008 entre cargos de la concesionaria pública en el que hablan de un trabajador de O Carballiño como el “ingeniero que nos pidió Pachi que contratáramos”, una referencia que los investigadores atribuyen al ex líder del PSdeG Pachi Vázquez, alcalde de O Carballiño hasta tres años antes y entonces conselleiro de Medio Ambiente. Entre los nombres significativos de políticos que aparecen en el listado y destacado por los propios agentes figura el del actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que el 26 de julio de 2011 envió un correo usando su dirección de tesorero del PP al entonces alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. Le adjuntó un currículum con el siguiente texto: “Otra petición más que someto a tu consideración por si estuviera dentro de tus necesidades y posibilidades”.

Antes de ser alcalde, Conde Roa recibió en 2009 un mensaje de otro concejal popular santiagués, Francisco Noya, quien intercede por una exsecretaria municipal de Oroso sancionada por la Xunta bipartita. “Es del partido (no afiliada por su puesto de trabajo)”, escribe Noya, y añade que “la cuestión es que ahora recurrió al TC [Tribunal Constitucional,] le interesa que saliera un recurso estimatorio, estando dispuesta a pagar un buen porcentaje de todo lo que le tendrían que devolver si fuera el resultado favorable. Si puedes hacer algo”. A su vez, Conde Roa escribe en las mismas fechas al entonces conselleiro de Cultura, Roberto Varela, pidiéndole que interceda por la que luego sería su mujer, de nacionalidad alemana, para que lograse una plaza en el Instituto Cervantes de Francfort.

Entre los correos de Santiago, los directivos de Aquagest se refieren en diciembre de 2011 a un recomendado como “el de Bugallo”, en posible referencia al exalcalde socialista. Dos meses antes intercambiaron la candidatura de “un primo de la teniente de alcalde de Santiago de Compostela Paula Prado”, luego portavoz del PP gallego y cuyo nombre aparece como recomendadora en otros correos. En Compostela un habitual de las recomendaciones es el exconcejal popular Albino Vázquez. En septiembre de 2012 recibió un mensaje de la alcaldesa de Cartelle y senadora del PP Carmen Leyte con el currículum de una familiar de cargos del partido por “si hay alguna posibilidad de hacer algo por ella”. También Ángel Espadas, entonces jefe de gabinete de Conde Roa, envió dos currículos a Santiago Villanueva, director de Emerxencias de la Consellería de Presidencia. A ese mismo departamento, en febrero de 2012, se envía desde la alcaldía de Santiago un correo al conselleiro, Alfonso Rueda, con los datos de un policía que trabajaba en Madrid y “querría volver a Santiago”. “Te pediría que hicieras lo posible”, dice el mensaje. Aduanas constata que el policía logró su traslado.

En Ourense, son varias las recomendaciones del alcalde en 2008, el socialista Francisco Rodríguez, pero en Aquagest también hablan de beneficiar a un “recomendado de la Diputación”.

Además del informe sobre los correos electrónicos con recomendaciones, Aduanas también investigó a Miguel Lorenzo, concejal de Servicios Sociales de A Coruña (PP), de quien dice que pudo incurrir en un delito tráfico de influencias. No está por ahora imputado —aunque Aduanas pide que se llame a declarar en tal condición— a diferencia de su compañero de filas y primer teniente de alcalde, Julio Flores. Pero para los agentes no hay duda de que el edil logró enchufar a una persona como conserje en el centro municipal Ágora a través de la filial coruñesa de Vendex. Aduanas reseña que Lorenzo participó como presidente o vocal en la mesa de contratación que poco después del enchufe de su recomendada adjudicó a Vendex un contrato de servicios para la empresa municipal de espectáculos en A Coruña.

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Al margen de las ciudades, en los correos intervenidos proliferan las referencias a alcaldes, concejales y funcionarios de diversos municipios y partidos: Pontevedra, Ponte Caldelas, Ribadeo, Rianxo, Ponteareas, Ortigueira, Xinzo de Limia, Bergondo, Val do Dubra, O Pino Arzúa o Sada. “Hemos decidido con la alcaldesa”, “el currículum de la hermana del alcalde”, “el nieto del teniente alcalde” o “compromiso del PSOE” son frases que se repiten.

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