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Llanos de Luna impone a la Guardia Civil en las Juntas de Seguridad

El edil de Almacelles dice que la decisión de la Delegación tiene una carga ideológica evidente

La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.
La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.

Las subdelegaciones del Gobierno central en Cataluña han enviado una circular a todos los ayuntamientos con Juntas Locales de Seguridad —reuniones en las que se coordinan los distintos cuerpos policiales— en las que obliga a convocar “con suficiente antelación” a sus reuniones “ordinarias y extraordinarias” a la Guardia Civil, ha admitido la Delegación del Gobierno, dirigida por Llanos de Luna. El escrito ha molestado a municipios como el de Almacelles (Segrià), donde este cuerpo armado no está presente desde hace 15 años. En otras localidades como Lleida, Alcarràs, Balaguer, Solsona, La Seu d'Urgell y Tremp la presencia de la Guardia Civil en las juntas es habitual.

En la circular enviada a Almacelles, la subdelegada en Lleida, Inma Manso, comunica al alcalde Josep Ramon Ibarz (CiU), que ha nombrado como vocal permanente de la Junta Local de Seguridad de su municipio al cuerpo de la Guardia Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley catalana de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública.

Ibarz considera que la decisión de la administración del Estado es una falta de respeto y no tiene sentido en un municipio como el de Almacelles donde la Guardia Civil no tiene presencia física desde 1999, tras asumir los Mossos d’Esquadra las competencias en seguridad ciudadana. En uno de los apartados de la normativa invocada se indica que si así lo acuerda la Administración del Estado, “son también vocales de las juntas locales de seguridad, en el ámbito de sus competencias, los jefes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que tengan responsabilidades funcionales en el municipio”.

“Aquí no tenemos ningún problema con la Guardia Civil y menos si su presencia sirve para que haya más seguridad ciudadana en el municipio”, señala Ibarz. Lo que ha molestado al edil es que se trate de una imposición unilateral con una evidente carga ideológica y “control político”.

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