El Tribunal de Cuentas desmonta la defensa de Barberá en el ‘caso Nóos’

El Tribunal de Cuentas ha desmontado la defensa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante el caso Urdangarin. Barberá ha intentado mantener alejado el escándalo de los cerca de dos millones de euros que la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau concedió al Instituto Nóos del yerno del Rey, sosteniendo que se trata de una entidad privada separada del Ayuntamiento, a pesar de que la preside su número dos, el vicealcalde Alfonso Grau.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador del sector público, echa por tierra esa teoría al señalar en un informe fechado el 23 de febrero de 2012 que la “dependencia económica” de la fundación respecto al Gobierno de Barberá, “debería llevar a considerarla como integrante de ese sector público local”. Su actividad debería ajustarse, añade, a las limitaciones que afectan al sector público, incluidos los requisitos para contratar.

Valencia suscribió con el Instituto Nóos convenios para organizar el Valencia Summit, un encuentro de expertos deportivos por el que la entidad de Urdangarin cobró importes fabulosos, en los años 2004, 2005 y 2006. Pero el Ayuntamiento no lo hizo directamente, sino a través de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), que pagó cerca de dos millones de euros por los eventos. La investigación del juez de Palma José Castro ha revelado que del dinero que destinó por esta vía el Ayuntamiento —y la Generalitat, que cofinanciaba el Valencia Summit—, menos de una quinta parte está justificado con facturas, mientras que el resto se lo habría quedado el instituto del yerno del Rey.

La alcaldesa ha insistido en que la fundación es privada e independiente

El juez también ha censurado a la fundación municipal y al Consell, ambos controlados por el PP, por haber firmado los convenios “sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado”, lo que llevó a que Nóos “ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo”. Los acuerdos, añadió el juez en el auto que estableció una fianza de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su socio Diego Torres, violaron “de manera descarada los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad”.

La estrategia de Barberá ha consistido en mantener que la fundación TVCB no depende del Ayuntamiento. Al ser privada, no tendría que ajustarse a estrictos criterios legales en la contratación. El Tribunal de Cuentas opina, sin embargo, lo contrario. El organismo solicitó datos de más de 400 fundaciones municipales españolas. De siete de ellas concluye que, pese a estar constituidas formalmente como privadas, deben ser consideradas parte del sector público. La primera de esa lista es Turismo Valencia Convention Bureau.

El Tribunal de Cuentas la enmarca en un grupo de cinco fundaciones que cuentan “con una aportación dotacional, si bien no mayoritaria sí significativa por parte de Ayuntamientos y/o diputaciones que, además, subvencionan anualmente sus actividades en un porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos”. A continuación, detalla que la fundación VTCB “no se constituye mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia (aporta el 25%), siendo junto con él socios fundadores la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial y Feria Valencia, esta última participada a su vez por el Ayuntamiento. Si bien más del 80% de los ingresos anuales se aportan por el Consistorio de Valencia”.

Acogiéndose a ese supuesto carácter privado, Barberá y su equipo de Gobierno han rechazado informar incluso de cuánto dinero municipal acabó en manos de Urdangarin y Torres. Y ello a pesar de que en 2005, por ejemplo, 95 de cada 100 euros que manejó la fundación TVCB le fueron proporcionados por el Ayuntamiento. En ese mismo ejercicio, de un presupuesto total de 5,25 millones de euros, la fundación dedicó 739.965 a gastos del Valencia Summit.

Ser un ente privado permite eludir estrictos controles en la contratación

El Tribunal de Cuentas señala en las conclusiones de su informe que las entidades “constituidas como fundaciones, bien con aportación dotacional mayoritaria de los entes locales y/o con representación mayoritaria de estos en sus patronatos y/o cuando las aportaciones posteriores a su constitución devengan esencialmente de subvenciones concedidas por las entidades locales participantes en esta, aunque dicha participación resulte minoritaria, debieran ser consideradas como parte del sector público local y, por tanto, con igual sujeción al control previsto para este”.

Que una Administración pretenda servirse del derecho privado creando y financiando entidades que persiguen fines públicos —el fin de la fundación del Ayuntamiento es “la gestión estratégica y la promoción de la ciudad de Valencia en el ámbito turístico”— no es raro. El sumario del caso Gürtel revela que la Generalitat intentó hacer lo mismo sin éxito con su Agencia Valenciana de Turismo, que contrató de forma presuntamente ilegal a empresas de la red corrupta por cinco millones de euros.

Existen, en cambio, pocos supuestos en que un Ayuntamiento se resista a aceptar el carácter público de sus fundaciones. Y menos cuando, como sucede con TVCB administra tanto dinero (en 2004, 8,9 millones). Entre los pocos casos similares que recoge el Tribunal de Cuentas se incluyen la fundación Feria Apícola de Castilla-La Mancha (del Ayuntamiento de Pastrana y la Diputación de Guadalajara) y la del Museo del Calzado de Elda (del consistorio eldense y de la Diputación de Alicante).