Vitoria celebrará su primera consulta popular vinculante a mediados de julio
El pleno consistorial aprueba preguntar por la estación de autobuses
La eterna historia de la futura estación de autobuses vivió ayer una jornada más de surrealismo político. Cumpliéndose el guión, el pleno extraordinario del Consistorio aprobó la celebración de una consulta popular en Vitoria —el texto aprobado recoge “antes de cuatro meses”, pero en realidad se llevará a cabo a mediados de julio— para que la ciudadanía exprese dónde quiere situar este equipamiento, si la opción del actual alcalde, Javier Maroto, en el agujero que dejó el fallido BAI Center, frente al Gobierno vasco, o en el emplazamiento promovido por el anterior alcalde, en una esquina del parque Arriaga.
El Ayuntamiento convocará la consulta para dentro de un mes, en pleno verano, con el objetivo de no perder subvenciones ni añadir nuevos retrasos. Según portavoces del Ayuntamiento, no se pasará por el trámite legal necesario de que el Gobierno central avale el referéndum, por lo que no se seguirán los cauces establecidos. La consulta será vinculante debido a la decisión del pleno de ayer, y su normativa deberá ser aprobada en la junta de portavoces —todo apunta a que cuestiones como la fecha serán negociadas por Maroto con Bildu—.
Que sea el primer referéndum de estas características en la ciudad entraña muchas dificultades. Nadie sabía explicar ayer a este periódico cómo se conformarán las mesas electorales o si formar parte de ellas durante todo un día festivo de julio será obligatorio para los ciudadanos a los que les toque. En la consulta podrán votar los mayores de 18 años y solo será vinculante su resultado si participa más del 20%, 37.000 personas.
El PP cede un voto a Bildu para convocar el pleno y luego vota contra el referéndum
El toque surrealista lo ofrecieron en los momentos previos al debate. Bildu necesitaba los votos de siete concejales para convocar el pleno extraordinario en el que se debatiría la consulta, pero solo tiene seis. Lo que en principio no hubiese sido un problema, porque PSE y PNV habían aceptado las condiciones de la coalición, lo fue. Ninguno de los dos cedió un concejal para convocar el pleno. La solución: el propio PP, contrario a la consulta, fue el que cedió para ello a su concejal, el de Urbanismo, Miguel Garnica, al que el portavoz del PNV Gorka Urtaran bautizó después como el “séptimo concejal de Bildu”. Fue la manera de no comprometer la celebración de la consulta del PP, ya que después, en el pleno, votó en contra de la consulta.
Salvado el escollo inicial, por espacio de una hora todo fueron reproches en el pleno extraordinario. El PP acusaba a la oposición de querer parar la ciudad y reiteraba que será quien pague los costes, los socialistas hablaban de “fraude electoral” y el PNV afeaba a Maroto que actúe de forma “improvisada”, mientras Bildu rechazaba nuevos retrasos. El resultado, votos a favor de Bildu y PSE, más dos del PNV que dieron la mayoría absoluta necesaria para la consulta. El resto del PNV se abstuvo en señal de protesta contra la actitud de Bildu.
