Infraestructuras propone cobrar una tasa por el uso de la red viaria
El borrador de la Lei de Estradas incluye el canon para “generar recursos” La Xunta sostiene que la norma se limita a fijar el uso de los actuales peajes
Más allá del peaje en las autovías, la Xunta plantea otra alternativa para contribuir a la financiación de las actuaciones en la red de carreteras de Galicia: cobrar una tasa por su uso. Así figura en el borrador de la Lei de Estradas de Galicia, que la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio llevará al Consello de la Xunta este verano. La norma modifica por completo el sistema de financiación actual, basado en la consignación de la Administración a través de sus Presupuestos y de los peajes.
La futura ley establece la posibilidad de generar recursos por la explotación de las carreteras. Es ahí, en el apartado b de su artículo 31, donde se introduce “la implantación de una tasa por uso de la red de carreteras”. La redacción remite a propuestas como la realizada hace semanas por el Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos de Galicia para crear un canon por la utilización de la red viaria, rápidamente rechazada por las asociaciones de transportistas. La consellería, sin embargo, sostiene que no implica ningún cambio con respecto a la ley en vigor.
El artículo remite a una propuesta del Colegio de Ingenieros de Caminos
La norma que rige en la actualidad el sector, de 1994, no establece tasas de ningún tipo. Pese a ello, Infraestructuras señala que la nueva ley “no crea tasas”, sino que “indica cuáles de las existentes se pueden destinar a la financiación de las actuaciones en carreteras”, en referencia a los peajes. Pese a esta explicación, la norma que tramita la consellería de Agustín Hernández diferencia claramente entre peajes y tasas, y en su artículo 34, sobre modos de explotación de la red viaria, establece que esta, travesías incluidas, será de utilización gratuita para el usuario, “salvo que se establezca una tasa por su uso”.
Una aplicación compleja
En pleno debate sobre la aplicación de peajes en las autovías, una posibilidad que no descarta el borrador de la Lei de Estradas, el departamento de Agustín Hernández hace suya otra alternativa para la generación de recursos por la red viaria: la tasa por uso. No es una idea novedosa: se cobra en países como Austria, Hungría o Chequia y en ciudades como Londres. También el anterior director general de Tráfico, Pere Navarro, estudió la propuesta que realizó la Asociación de Carreteras Españolas, formada por empresas constructoras, de introducir una tasa por el uso de la red viaria. Su compleja aplicación es el principal motivo por el que ni el Gobierno ni ninguna comunidad autónoma se haya decidido a aplicarla.
El borrador de la ley de la consellería de Infraestructuras no va más allá de prever su creación, sin detallar su funcionamiento, que quedaría para su desarrollo reglamentario. Las posibilidades son varias. Desde el cobro vinculado a la posesión de vehículo a la inclusión de tacómetros en los coches, para determinar el número de kilómetros anuales. Otra posibilidad, propuesta por los constructores, consiste en establecer controles de matrículas en las entradas y salidas de carreteras y autovías.
El borrador de la ley, que ya ha pasado la fase de información pública y está pendiente de informes, establece varias vías de financiación de las actuaciones viarias. Además de la consignación presupuestaria tradicional, contempla el sistema de colaboración público-privada, aplicado para la construcción de la autopista de la Costa da Morte, la de mayor presupuesto de las construidas en esta legislatura. En este modelo, la obra es financiada por la adjudicataria a cambio de un canon de explotación.
La ley prevé también los procedimientos de cooperación con otras administraciones y la financiación mediante recursos propios generados por la explotación de carreteras y contribuciones especiales. En todos los casos, la norma determina que allí donde se establezca “un pago de peaje o tasa por su uso”, se puedan establecer medidas compensatorias para “reducir o anular el pago directo por el usuario”.
Como novedad, el borrador prevé la obtención de recursos generados por la explotación de carreteras. Además de la tasa por el uso de la red viaria, se crean otras dos: una que gravará la ocupación, uso privativo y aprovechamiento especial del dominio público viario, y otra aplicada por la dirección de los contratos asociados a la gestión de la red viaria. La primera de ellas la pagarán las empresas de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones que utilicen el espacio de carreteras y autovías para su red de cableado o canalizaciones. Su importe se vinculará a los beneficios de las empresas afectadas, aunque también tendrá en cuenta la longitud de la carretera afectada, los beneficiarios del servicio y las características territoriales de la zona.
La segunda tasa, mientras, está relacionada con las asistencias técnicas que realicen trabajos para la consellería en la ejecución y mantenimiento de infraestructuras, a las que se aplicará una cuota del 4% del presupuesto de ejecución. La Xunta también podrá obtener recursos mediante la enajenación de propiedades de la red de carreteras o de aprovechamientos urbanísticos de terrenos del dominio público viario. La ley incluye en estos recursos las indemnizaciones por daños y multas o sanciones derivadas de infracciones en aplicación de la ley.
