_
_
_
_
_

El capo más escurridizo

El abogado del narco Pelopincho logra un beneficioso pacto con la fiscalía sin revelar ni una sola pista sobre el paradero de su cliente, que se fugó antes de ser juzgado

José Antonio Pouso, alias Pelopincho.
José Antonio Pouso, alias Pelopincho.

La búsqueda del narcotraficante gallego José Antonio Pouso, Pelopincho, de 52 años, continúa, un año después de esfumarse y convertirse en el capo fugado más buscado, acusado de blanquear unos 20 millones de euros, el record de Galicia en la pasada década. Desde su desaparición en extrañas circunstancias, dos meses antes de sentarse en el banquillo para enfrentarse a una condena de seis años de cárcel y 40 millones de euros en multas por los delitos de blanqueo de dinero y tenencia ilícita de armas, las pistas sobre su paradero todavía no han dado resultados.

 Tanto la Policía Judicial como la unidad de Greco (Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado) siguen detrás del rastro de Pelopincho y no han parado de recibir alertas de su posible localización. La última llamada se produjo hace tres semanas, cuando la policía fue advertida por un testigo de que había visto al fugitivo en Caldas de Reis, una localidad de la provincia de Pontevedra donde casualmente el narco tenía propiedades y negocios ahora embargados.

Pero fue una falsa alarma como otras tantas que se han producido desde mayo, cuando el tribunal de la Audiencia Provincial de Pontevedra que le iba a juzgar firmó la orden para iniciar su búsqueda y captura internacional. La Policía Judicial llegó incluso a irrumpir en un restaurante de Vilagarcía de Arousa después de que, a través de una llamada telefónica, un comunicante anónimo asegurase haberle visto a menos de un metro de distancia de él.

Un juzgado de Cambados sigue tratando de aportar alguna luz al caso y poder determinar si al menos el narcotraficante está vivo o muerto. Las diligencias continúan secretas y nada ha trascendido de la investigación. Las pesquisas también se dirigen a varios países como Brasil, donde Pelopincho tenía intereses de todo tipo. De hecho sus compañeras sentimentales, gerentes de sus principales negocios hosteleros y que figuran como propietarias de la mayor parte de su patrimonio inmobiliario, proceden de aquel país.

Ni los familiares ni sus cuatro amantes y principales testaferros de Pouso Rivas han podido despejar las dudas sobre qué entraña su desaparición, ya que en algunos informes policiales se manejó la hipótesis de que podría haber sido víctima de un ajuste de cuentas o un secuestro por un asunto relacionado con las drogas.

Pero tal vez lo más sorprendente del caso haya sido la ausencia de resultados tras la declaración de un testigo clave: su abogado Franco Argibay, que fue detenido en octubre pasado después de cinco años prófugo de la justicia. El letrado era el dirigente intelectual de la trama urdida para blanquear el dinero de Pelopincho, asesoramiento por el que recibió importantes sumas de dinero.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Argibay se fugó en 2006 después de pagar una fianza de dos millones de euros, dinero que entregó en billetes el juzgado de Caldas de Reis dentro de un carrito de la compra. Un año antes había sido capturado Pelopincho, con otra orden de detención encima por incumplimiento de una condena de cuatro años por narcotráfico. Pero el capo era excarcelado en diciembre de 2010 en aplicación de la polémica doctrina del Tribunal Constitucional que obligaba a computar el doble la prisión preventiva cuando se superaba el máximo permitido de cuatro años en prisión.

Así, y con millonarios intereses en juego, es más que probable que Pelopincho y su abogado se vieran las caras. Sin embargo Argibay fue juzgado en rebeldía en diciembre pero llegó a un ventajoso acuerdo de conformidad con la fiscalía. A cambio de reconocer el delito de blanqueo, pasará unos meses en prisión al restar los que pasó como preventivo, una multa por un montante de cinco millones de euros que dijo no tener y sin datos sobre el posible paradero de su cliente y socio.

Decomiso parcial de sus bienes

Elisa Lois

La Operación Cormorán, la mayor red de blanqueo que se juzgó en Galicia, sigue siendo un quebradero de cabeza para el fiscal del caso y la Sala de la Audiencia de Pontevedra donde se apila el voluminoso sumario. Solo ocho de los 30 acusados recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo por ser los únicos que rechazaron un acuerdo de conformidad. Esta circunstancia ha paralizado el decomiso del enorme patrimonio de Pelopincho que se encuentra en un lamentable estado de abandono tras siete años de embargo.

Para evitar un mayor deterioro de las casas, pisos amueblados (más de 40) y negocios hosteleros, después de que una nave y cuatro vehículos incautados fueran pasto de las llamas el pasado año, la Sala y la fiscalía han decidido iniciar el decomiso parcial de los bienes, sin esperar a que la sentencia sea firme. Un fallo que en el mejor de los casos podría producirse antes de cuatro años.

Mientras tanto, una funcionaria ha sido asignada para llevar un estricto control de las anotaciones preventivas en el registro de la propiedad de todos los embargos y evitar que los que están afectados por el recurso, que son los de mayor valor, caduquen y puedan ser vendidos por un despiste.

Con el decomiso parcial, la Sala pretende también resolver la ejecución de la sentencia que han solicitado la mayoría de los testaferros condenados que vieron rebajadas sus condenas tras el acuerdo de conformidad con la Sala, previo al juicio.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_