La juez archiva los cargos a Valadez por gastar el dinero de urbanismo
El exalcalde de Estepona (PSOE) usó los fondos para pagar las nóminas de la plantilla
La juez Isabel Conejo, titular del juzgado número 5 de Estepona, ha archivado provisionalmente la denuncia contra el exalcalde de Estepona (Málaga), David Valadez (PSOE) por pagar la nómina de los 1.300 empleados del Ayuntamiento con fondos de convenios urbanísticos, que la ley impide utilizar para otro uso distinto que el de la gestión del suelo.
En un auto, del 17 de enero, la instructora considera que los hechos denunciados no se pueden encuadrar “en la órbita penal”, tal y como los denunciantes pretenden, aunque añade que esto no impide que se haya podido incumplir alguna disposición administrativa.
El caso se abrió en septiembre de 2010 tras una denuncia de cuatro ediles del PP, entonces en la oposición, y el representante del sindicato CSIF, José María López Chacón. Acusaban al entonces alcalde, al tesorero Javier Marín García, y al secretario Francisco de Paula Llamas, de presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El PP de Estepona tiene intención de recurrir el archivo a la Audiencia Provincial. El representante del sindicato CSIF aseguró ayer que no había la recibido notificación formal, pero que que también pretende reclamar.
La denuncia no se encuadra en la órbita penal Informa la instructora del caso
En su resolución, la juez explica que no ha encontrado “ningún indicio de criminalidad” contra los tres denunciados y especifica que no basta con que una “resolución administrativa sea contraria a derecho para que haya un delito de prevaricación”.
Isabel Conejo se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo para enumerar los múltiples requisitos que ha de tener la actuación de un funcionario o autoridad pública para que se considere prevaricadora, como que acarree un alto grado de injusticia y arbitrariedad.
La juez ha archivado el caso cinco meses después de que lo haya solicitado el fiscal Jorge Andújar Hernández. En agosto, el representante del Ministerio Público mostró sus dudas sobre si debería de haber prevalecido el principio de unidad de caja, que defiende que todo el dinero del Ayuntamiento se gestione en conjunto, o el de afectación, por el que algunos ingresos estarían condicionados a un uso determinado.
El PP, uno de los denunciantes, tiene intención de recurrir el archivo ante la Audiencia Provincial
Sin embargo, el fiscal Andújar terminó por considerar que la conducta de los implicados no es “constitutiva de delito” porque existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que defiende y admite “las aportaciones positivas” del principio de unidad de caja.
Tras la denuncia, el alcalde David Valadez defendió la prevalencia del principio de unidad de caja para gestionar un Consistorio con “circunstancias específicas” como el Ayuntamiento de Estepona, con una plantilla sobredimensionada y en el que hay una “necesidad imperante” de pagar las nóminas de sus trabajadores.
El entonces regidor defendió la legalidad de su actuación, a pesar de que la interventora municipal emitió un informe en contra. “La operación cuenta con informes favorables de la tesorería municipal y la asesoría jurídica”, destacó.
El presidente del PP de Estepona, Ignacio Mena, acusa a Valadez, ahora en la oposición, de dilapidar más de 20 millones de euros de fondos que la ley obliga a destinar al patrimonio municipal del suelo. "Esto está ocasionando además serias dificultades en la gestión económica municipal", aseguró ayer.
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