50 entidades exigen al Gobierno que modifique la ley del aborto

Ya no son sólo las clínicas. Las organizaciones de mujeres, los sindicatos y asociaciones de planificación familiar también han empezado a movilizarse para defender el derecho al aborto de las mujeres y apoyar a los centros que los llevan a cabo. Al menos 50 entidades madrileñas suscribieron ayer un manifiesto en el que exigen al Gobierno que modifique la ley y convocan una concentración que tendrá lugar el próximo miércoles a las 19 horas en la Puerta del Sol (Madrid).

Los grupos han convocado una concentración el miércoles 23 en Madrid

Piden al Gobierno que reforme la ley para dar seguridad jurídica a la mujer

Estas asociaciones van a seguir la iniciativa de las 15 mujeres gallegas, integrantes de la asociación feminista Alecrín, que el lunes acudieron al juzgado a autoinculparse por haberse sometido a un aborto fuera de los supuestos previstos en la ley. Querían solidarizarse así con la veintena de mujeres que están siendo llamadas a declarar ante la Guardia Civil por una investigación judicial abierta contra la clínica madrileña de abortos Isadora. Los agentes se han presentado en sus casas para entregar las citaciones sin tener en cuenta que los familiares podían no saber nada de su aborto.

"La ofensiva contra las clínicas y las mujeres está siendo brutal, pero la sociedad está reaccionando de un modo excepcional", señala Justa Montero, de la Asamblea Feminista. Explica que están preparando un texto de autoinculpación por aborto que pondrán en circulación los próximos días. Quieren que sea firmado tanto por mujeres como por hombres -ellos, como colaboradores- y en 10 o 15 días entregarán en el juzgado los escritos que hayan logrado reunir. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que continúe esta persecución", señala Montero.

El manifiesto ha sido firmado por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y asociaciones como las Mujeres Juristas Themis, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, la Asamblea Feminista o Católicas por el Derecho a Decidir. En él se sostiene que las recientes actuaciones de la Guardia Civil, "las amenazas que sufren las mujeres por parte de las organizaciones anti-elección" y "las agresiones tanto físicas como verbales" a los profesionales de las clínicas "responden a una violenta campaña orquestada por sectores ultraconservadores y fundamentalistas religiosos". Y culpan parcialmente de ello, al menos en Madrid, al Gobierno de Esperanza Aguirre, que "los financia con dinero público", "permite y alienta sus actuaciones", "se desentiende de la prestación pública del aborto y obstaculiza de forma sistemática el trabajo de las clínicas".

Las 50 entidades terminan exigiendo al Gobierno "un compromiso claro y decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, acabando con la inseguridad jurídica que ha generado". Y piden que "la nueva normativa garantice y respete el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, asegurando que los abortos se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública".

Los representantes de las clínicas de abortos se reúnen hoy por la mañana con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y por la tarde con el de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El programa electoral del PSOE para las próximas elecciones no incluirá la reforma de la ley. Sólo habla de la necesidad de abrir un "debate social".