Protestas en cinco ciudades contra el cierre de casos de niños robados

El millar de familias que acudieron hace meses a la justicia con la convicción de que un médico o una monja les robó a su hijo al nacer hace 30, 40 o 50 años han perdido la paciencia. Las casi 1.000 denuncias que depositaron en fiscalías de toda España desde el pasado enero no avanzan -no hay un solo imputado- y fiscales y jueces han archivado muchas de ellas. La asociación SOS Bebés Robados convocó concentraciones de protesta en Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz y Bilbao entre ayer y el viernes con los lemas Queremos justicia, Jueces y fiscales, mojaos ya.

"¡Los niños viven, los casos no prescriben!", gritaban en la concentración de Bilbao un centenar de afectados. "La gravedad del delito hace que no se puedan archivar con tanta facilidad como lo están haciendo", añadió una portavoz de la asociación en Vizcaya, informa Pedro Gorospe.

"¡La prueba soy yo! Mi ADN y el de la mujer que me crió", clama Labarga

"Estamos indignados. No vamos a parar. Iremos a Estrasburgo si hace falta", aseguraba tras una asamblea con los afectados Soledad Monzón, presidenta de la asociación en Madrid, donde SOS Bebés Robados acumula seis archivos, entre ellos, el caso de Soledad. "A las dos horas de nacer, en lo que entonces era el hospital Francisco Franco de Madrid, en 1980, me dijeron que mi hijo había muerto. No vi el cuerpo. Para evitarme más sufrimiento, dijeron, ellos se encargaban del entierro. Pero en el cementerio donde me dijeron que le habían enterrado no está. Yo quiero saber la verdad. Entonces tenía 18 años y era madre soltera. Carne de cañón para estas tramas".

Las familias que arrastran esa duda insoportable -¿mi hijo murió o me lo robaron?- confiaban en que los implicados respondieran ante un fiscal a las preguntas que no quisieron contestarles a ellas. Pero cuando los fiscales llaman a esas monjas y médicos, estos pueden negarse a acudir. Sor María Gómez Valbuena, colaboradora del doctor Eduardo Vela -ambos señalados por muchos de los denunciantes- en las clínicas San Ramón y Santa Cristina de Madrid, está llamada a declarar este mes.

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, explicaba en una entrevista a EL PAÍS el pasado 25 de agosto lo complicado de judicializar estos casos. "Aquí hay mucho sentimiento y el derecho se mueve por hechos fríos. La dificultad es gravísima. ¿Se imaginan investigar un delito de narcotráfico 40 años después, sin droga y sin delincuentes?".

Pese a todo, las asociaciones de afectados creen que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. "¡Pero si la prueba soy yo! Si nos toman una muestra de ADN a mí y a mi supuesta madre verán que no somos familia, pese a que estoy inscrita como hija biológica de la mujer que me crió", explica María Labarga, burgalesa de 42 años, a la que le comunicaron en agosto el archivo de su denuncia por falta de pruebas.

"El caso de María es sangrante y lo he recurrido ante la Audiencia Provincial", cuenta Guillermo Peña, abogado de la asociación. "Las denuncias se están archivando por prescripción y, sobre todo, por falta de indicios delictivos. Pero el delito no puede haber prescrito si la víctima no es consciente de ser un niño robado y sus verdaderos padres tampoco hasta hace muy poco. Y respecto a la falta de indicios, los fiscales han archivado solo en base a los documentos que les dan, pero no en los que faltan. Deberían exigirlos a los hospitales o diputaciones".

Al no estar judicializados sus casos, los afectados no pueden acceder al banco de ADN gratuito facilitado por el Ministerio de Justicia, así que pagan las pruebas de su bolsillo. Ayer se recogieron nuevas muestras para laboratorios privados en Madrid y Zaragoza. El precio: entre 80 y 107 euros.