Las mujeres en el cambio de modelo productivo

Este otoño podría tener como protagonista, por fin, el gran debate pendiente sobre el cambio de modelo productivo, pues su necesidad parece ser el único acuerdo unánime entre todos los agentes sociales. Tras muchos meses de medidas dispersas y cortoplacistas, la sociedad española parece haberse convencido de que esta crisis es una oportunidad para abordar los problemas estructurales que aquejan a nuestra economía. Así pues, no puede ser más pertinente la propuesta de una Ley de Economía Sostenible por parte del Gobierno

¿Estará la igualdad de género presente en este debate? A juzgar por las declaraciones, debería tener un lugar central. Todos los políticos relevantes (y por supuesto las políticas) han afirmado ya que la desigualdad es socialmente injusta y económicamente ineficiente.

Un desarrollo humano, social y económico sostenible choca con las desigualdades de género

Actualmente, la división sexual del trabajo está deslegitimada

Tenemos una población femenina altamente formada cuyo capital humano se despilfarra en precariedad, subempleo, contratos a tiempo parcial, inactividad, economía sumergida y desempleo, fenómenos que lastran el funcionamiento del mercado de trabajo y merman la productividad. Para pasar del ladrillo al ordenador, podríamos empezar por no seguir despilfarrando el capital humano existente. La pobreza infantil, los problemas demográficos o la violencia machista también están intrínsecamente relacionados con la marginación y la falta de autonomía de las mujeres, así en España como en Afganistán. En definitiva, como repiten todos los organismos internacionales aunque sólo cuando de estos temas se trata, la eliminación de las desigualdades de género es necesaria para un desarrollo humano, social y económico sostenible a nivel mundial.

Una vez reconocidos los problemas, hay que identificar cuál es el modelo de sociedad al que queremos dirigirnos a medio/largo plazo, para así planificar las reformas estructurales necesarias. Resulta aquí imprescindible preguntarse si es posible hoy una sociedad que integre a las mujeres (incluyendo muy especialmente a las mujeres inmigrantes y a las mujeres jóvenes) sin eliminar la división sexual del trabajo.

En otro momento histórico quizás fuera comprensible el sueño de una sociedad en la que las mujeres siguieran siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados, aunque con normas rígidas para proteger sus empleos y con generosas prestaciones compensatorias a cargo de los presupuestos públicos.

Este modelo (denominado por Diane Sainsbury de separación de roles de género) ha demostrado su fracaso aún en países como Noruega, con un mercado de trabajo altamente regulado y con un elevadísimo gastopúblico, pues no ha conseguido ni compensar a las mujeres ni evitar la segregación horizontal y vertical del empleo. Pero es que la configuración actual de los mercados de trabajo hace que esa vía sea hoy inimaginable. Al contrario, el intento de blindar los empleos de las mujeres provoca aún más segregación, ya que se traduce para los empresarios en costes extra-salariales que se unen a la ya mayor probabilidad de ausencias femeninas para tareas de cuidados. Así, sobre todo en presencia de un exceso de oferta masculina más flexible, la aversión al riesgo aconsejará contratar hombres para los puestos estables y de responsabilidad.

Intentar mantener al 50% de la mano de obra a golpe de subvención no solamente resulta ineficiente sino que es imposible. En lugar de ello, basta con eliminar la causa de su vulnerabilidad, que no es ni más ni menos que su mayor dedicación al cuidado.

Esta eliminación de los roles de género, antes impensable, está ya en el imaginario colectivo. La incorporación de los hombres a las tareas domésticas, junto con buenos servicios públicos y horarios más cortos a tiempo completo, se perfila como una condición sine-qua-non para la incorporación de las mujeres al empleo de calidad por su propio pie, sin que ni ellas ni nadie tengan que sacrificar su carrera profesional ni su vida personal.

De paso, pero muy importante, no viene nada mal que la otra mitad arrime el hombro por igual en lugar de despilfarrar su capital cuidador, y más en tiempos de crisis económica y demográfica.

Por último, hay que computar las externalidades positivas de un cambio en el modelo actual de comportamiento masculino, pues este comportamiento diferencial provoca enormes problemas humanos y económicos en ámbitos tan variados como el fracaso escolar, la conducción temeraria o la violencia de género.

Afortunadamente, la división sexual del trabajo está deslegitimada y hoy la mayoría de la ciudadanía española se identificaría con un modelo de sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad (individual earner/carer según Sainsbury). Así pues, basta con orientar las políticas públicas a ese modelo de sociedad. Para ello disponemos de muchos estudios sobre los efectos de unas y otras medidas, pues en las últimas décadas se ha acumulado una gran experiencia internacional y se ha desarrollado enormemente la investigación sobre el impacto de las políticas públicas.

El problema no es que se alcen voces contra estos objetivos, sino que se ignoran cuando se trata de política económica. Y ese olvido no sólo puede llevarnos a retrasar el cambio sino, lo que es mucho más grave, a caminar irreversiblemente en sentido contrario. Por ejemplo, la promoción del contrato a tiempo parcial es una causa de precariedad femenina y de ineficiencias en el mercado de trabajo, pero además establece una norma muy difícil de revertir.

Cuando Holanda o Suecia están luchando contra esta lacra social y económica, no parece muy razonable caer en ella. Igualmente, ya se está estableciendo la norma de que el cuidado de dependientes se resuelve por la vía de la paguita' a las cuidadoras familiares, inicialmente prevista como excepcional en la Ley de Dependencia. La crisis, que es una oportunidad para cambiar el modelo, también puede acentuar el impacto de estas medidas perjudiciales para las mujeres y para la economía.

El programa de reformas necesario para el cambio de modelo está esencialmente contenido en el manifiesto Feminismo ante la crisis, promovido por 28 entidades y 400 personas a título individual (www.feminismoantelacrisis.com). No todas las propuestas suponen un aumento del gasto público. Al contrario, se propone la eliminación de figuras regresivas como la tributación conjunta en el IRPF, lo que ya aconseja hacer la propia Exposición de Motivos de la vigente Ley 35/2006 del IRPF, y lo que supondría un considerable ahorro fiscal. Otras medidas han sido ya promesas electorales, como la universalización de la educación infantil desde los cero años; y otras, como los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, responden a una demanda a la que ningún agente social se opone explícitamente.

Pero el mayor enemigo de las reformas estructurales es, junto al cortoplacismo, el de las resistencias no declaradas, de las que ya se lamentaba Clara Campoamor en su libro Mi pecado mortal, recordando cómo sus razones en pro del voto femenino ni se rebatían ni se apoyaban sino que simplemente se acallaban.

Por ello, el mejor escenario imaginable es el que avanza la vicepresidenta Económica al declarar que "todas, absolutamente todas las figuras tributarias están en revisión". Ojalá sea así y, por fin, se configure el pacto social para el New Deal inclusivo, feminista, ecológico y demográficamente viable que tantas personas estamos reclamando.

María Pazos Morán es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y autora del libro Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda Pública en el Siglo XXI