Nuestros inmigrantes

La crisis económica está modificando a marchas forzadas, como era previsible, los datos referentes a la inmigración. En 2008 se ha hecho patente una menor presión de los flujos migratorios hacia España, al tiempo que se han agravado, con el deterioro general del empleo, las condiciones de vida de un buen número de inmigrantes residentes en el país.

Por supuesto, el Gobierno no puede descuidar el control de fronteras para impedir la inmigración irregular. Pero el foco de atención en el escenario creado por la crisis debe centrarse en la formación y capacitación profesional de los trabajadores inmigrantes en paro para facilitar su reintegración en el mercado laboral. La escasa aceptación del plan de "retorno voluntario" del ministro Corbacho muestra que se trata de una opción minoritaria: el inmigrante prefiere seguir en España, a pesar de las condiciones adversas, que volver a su país.

La menor presión migratoria hacia España se muestra, principalmente, en el menor número de inmigrantes arribados en cayucos a las costas canarias en 2008: unos 13.000 frente a los 18.000 del año anterior. Pero también en el número de inmigrantes repatriados, sensiblemente inferior al de 2007, aunque muy aproximado -como efecto de los convenios firmados con los países del África subsahariana- al de inmigrantes irregulares realmente llegados a España. La crisis ha hecho palidecer el llamado efecto llamada, que no es otro que la esperanza de una vida mejor en España, como lo ha puesto de manifiesto la drástica reducción de la contratación en origen de mano de obra extranjera en 2009.

En la coyuntura actual, el esfuerzo del Gobierno debe centrarse en facilitar la vuelta del inmigrante en paro al mercado laboral, pero también en su más amplia integración social. El acuerdo del Consejo de Ministros del viernes pasado para que, de acuerdo con el principio de reciprocidad, puedan votar en las elecciones municipales los inmigrantes colombianos y peruanos legalmente residentes en España es un paso importante hacia ese objetivo. Como lo es que la reforma de la Ley de Extranjería en curso reconozca derechos civiles básicos al inmigrante, irregular o no, y que eleve a rango de ley, sustrayéndolo del campo de la política coyuntural, el Fondo de Integración de Inmigrantes, al que dota con 200 millones de euros en 2009.