Públicas y carísimas

La televisión pública estatal lleva un año emitiendo sin publicidad, pero ese modelo no rige para las 13 autonomías que disponen de televisión propia. Ello supone un residuo de competencia desleal, según denuncian las privadas agrupadas en la Uteca. Y ocurre cuando la crisis ha impuesto fuertes restricciones del gasto público.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, opinó ayer que así como la Administración central ha hecho un esfuerzo considerable en el ajuste del gasto, hay incertidumbre sobre si un recorte similar se está produciendo en las Administraciones autónomas. Esa incertidumbre deriva en parte de la falta de transparencia de algunas comunidades, lo que es un factor de desconfianza para los mercados internacionales, dijo Ocaña.

Es cierto que las autonomías deben hacer frente en periodos de crisis a mayores responsabilidades sociales, lo que aumenta su gasto. Pero precisamente por eso, es obligación suya establecer prioridades con rigor, y difícilmente puede considerarse que una de ellas sea mantener a cualquier precio sus carísimos sistemas de televisión pública. Los 13 entes regionales tienen adjudicado espectro radioeléctrico como para poner en marcha hasta 100 canales públicos. Algunos emiten ya en cuatro cadenas diferentes, con programaciones que poco difieren de las de los operadores privados.

¿Es razonable mantener en tiempo de crisis un sistema audiovisual que multiplica por 13 el modelo que hasta hace un año era el de RTVE? Desde su nacimiento, las televisiones regionales se han convertido en un saco sin fondo. El año pasado recibieron subvenciones por 813 millones de euros y acumularon pérdidas por 772 millones. Con un coste medio de 110 euros por hogar y año, algunas comunidades gastan en su televisión más de lo que destinan a la Ley de Dependencia.

El argumento de que son un servicio público ha perdido fuerza: la mayoría de ellas tiene programaciones similares a las de las comerciales, pujan con el dinero de todos para llenar su parrilla de partidos de fútbol o carreras de fórmula 1. Y en contraste con la evolución de los informativos de las cadenas estatales, más neutrales desde que se modificó el sistema de nombramiento de sus directivos, los de la mayoría de las autonómicas siguen siendo estrechamente partidistas. Muestra de su más que dudosa gestión son los 1.480 millones de deuda que acumulan y las menguantes audiencias que registran.

Las comunidades tienen plenas competencias en materia audiovisual. Son las menos las que han seguido el sistema de nombramientos por el Parlamento aplicado por RTVE. El resto debe decidir si también lo hace como garantía de pluralidad. Y todas ellas deben decidir si renuncian a competir en el mercado de la publicidad con su doble financiación. Lo que obligaría a cambiar a un modelo más modesto. El actual ya era inviable hace años; en tiempos de crisis es además un contraejemplo de lo que debería esperarse de quienes administran el dinero de los contribuyentes.