La reforma que divide a Venezuela

Tras la reelección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en diciembre de 2006, muchos ciudadanos respiraron aliviados porque confiaban en que 2007 no fuera un año electoral. Pensaron que podrían librarse de las tensiones políticas que han traído consigo las nueve consultas electorales nacionales llevadas a cabo desde 1998 en un país al que, paradójicamente, se acusa con frecuencia de tener una democracia amenazada.

Estaban equivocados. La determinación de Chávez de reformar la Constitución Nacional este mismo año ha colocado nuevamente a Venezuela en la marejada de la medición de fuerzas entre los partidarios y los adversarios del proyecto que lidera el jefe del Estado venezolano.

En las calles se han registrado episodios de violencia que hasta ahora han dejado una veintena de heridos, entre ellos varios estudiantes y otros tantos policías. El incidente más grave ocurrió el pasado miércoles en la escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, donde un grupo de encapuchados, presuntamente simpatizantes del Gobierno, disparó armas de fuego mientras manifestantes opositores mantenían bajo asedio a un centenar de estudiantes chavistas.

El proyecto de reforma de la Constitución quedó definitivamente aprobado la semana pasada por el Parlamento venezolano y de inmediato fue enviado al Consejo Nacional Electoral, que procedió a convocar el referéndum popular que determinará si los 80 cambios practicados al texto legal entran o no en vigor. La consulta se celebrará el 2 de diciembre.

La reforma original, presentada el 15 de agosto por el presidente Chávez, incluía 33 artículos. La Asamblea Nacional llevó a cabo las tres discusiones que prevé la misma Constitución para su reforma y durante esos debates se incluyeron 36 artículos adicionales y 11 disposiciones transitorias.

En la sesión parlamentaria final se acordó que el proyecto será votado en dos bloques: uno integrado por los 33 artículos propuestos por Chávez y otros 13 seleccionados entre los añadidos por el Parlamento, y un segundo bloque con el resto de las normas incorporadas por los diputados. Entre las principales modificaciones contenidas en la reforma se encuentra el aumento del mandato presidencial a siete años y el establecimiento de la reelección sin límite para el jefe del Estado.

También se estipula la creación del Poder Popular, una nueva instancia en pie de igualdad con los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral. Este poder se materializará en instancias de base, tales como comunas y consejos comunales. Según el texto propuesto, "no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados de la población". También se elimina la autonomía del Banco Central de Venezuela, que pasará a estar subordinado al Ejecutivo.

Los dos artículos que constituyen el verdadero gancho electoral de la reforma son el que contempla la reducción a seis horas de la jornada laboral y el que plantea extender el sistema de seguridad social pública a los trabajadores por cuenta propia, tales como taxistas, vendedores ambulantes, barberos y fontaneros.

El cambio constitucional apunta a convertir a Venezuela en un Estado socialista. Esto se expresa en varios de los artículos a través de la prohibición del latifundio y en el enfoque del concepto de propiedad, que ya no sólo se califica como pública o privada, sino con una gama de opciones relacionadas con formas colectivas y mixtas.

Los artículos agregados por el Parlamento también contienen novedades. Por ejemplo, se establece una norma que obliga a la paridad en la presencia de mujeres y hombres en los cargos de representación política. Se rebaja a los 16 años la edad mínima para votar y se refuerza la protección a las minorías para evitar la discriminación por razones de salud o de orientación sexual.

Uno de los puntos más polémicos fue la reforma del artículo 337 de la Constitución aprobada en 1999, relativo a los estados de excepción que puede decretar el Gobierno en situaciones de conmoción o de emergencia nacional. La nueva redacción permitirá al Gobierno restringir la libertad de información en este tipo de situaciones.

El estudio de la reforma permite observar las fisuras que han surgido entre las fuerzas de la Asamblea Nacional, todas afines al Gobierno, después de la retirada de los partidos opositores en las elecciones legislativas de diciembre de 2005.

El Partido por la Democracia Social (Podemos), antiguo aliado de Chávez y convertido ahora en la única referencia opositora en el Parlamento, rechazó la propuesta en su conjunto. "No es cierto que esto haya sido producto de discusiones con el pueblo. Es falso que se le haya consultado a la gente", dijo Juan José Molina.

"Ésta ha sido una reforma palaciega: la hicieron entre el Palacio [presidencial] de Miraflores y el Palacio Legislativo", aseguró el diputado Ricardo Gutiérrez, también del grupo parlamentario de Podemos.

La disidencia más importante en el seno del chavismo se produjo, sin embargo, al margen del Parlamento. El general en jefe retirado Raúl Baduel, ex ministro de Defensa y pieza clave en el restablecimiento de Chávez en el poder, tras su derrocamiento en 2002, se pronunció públicamente en contra de la reforma, generando fuertes turbulencias internas tanto en círculos civiles como militares, cuyas consecuencias aún están por verse.

La grieta interna no ha parado de extenderse. Por dar unas declaraciones a favor de Baduel fue expulsado del Partido Socialista Unido de Venezuela el diputado Luis Tascón, un destacado líder del chavismo otrora satanizado por la oposición por haber colgado en su página web una lista de las personas que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004.