La ONU exige a Israel que detenga la demolición de casas en Jerusalén Este

En Jerusalén Este, epicentro del conflicto árabe-israelí, tiene lugar desde hace 42 años una pugna a menudo sorda que libran ciudadanos corrientes contra una maquinaria burocrática y policial descomunal de las autoridades israelíes. Los palestinos levantan casas en lugares, ocupados desde 1967, donde han vivido sus familias durante generaciones; las excavadoras israelíes las derriban al tiempo que alzan edificios para colonos judíos, con frecuencia recién llegados y financiados por magnates estadounidenses. Es uno de los caballos de batalla con mayor potencial de desatar revueltas. 1.500 órdenes de demolición, que afectan a 9.000 personas, han sido ya entregadas a los dueños de las viviendas. Naciones Unidas ha exigido este viernes al Gobierno de Benjamín Netanyahu -sumándose a la Casa Blanca y a la Unión Europea- que detenga esa práctica.

Un paseo por muchos barrios orientales de la ciudad santa sobra para constatar cómo se mezclan el urbanismo, la lucha por la tierra y la política en un área conquistada por Israel y cuya anexión en 1981 nunca ha sido reconocida legalmente por Naciones Unidas. De vez en cuando se observa una bandera negra, más bien un trapo colgado de un palo, en el suelo de un solar. En ese lugar había una casa.

La escena se repite con frecuencia, 25 veces desde que comenzó 2009: una familia, habitualmente extensa en la sociedad palestina, amontona sus enseres junto a su residencia. La excavadora, protegida por decenas de policías, reduce a escombros el hogar y deja a los lugareños con un rostro que es el vivo reflejo de la impotencia.

Son más de 60.000 personas, de los 225.000 palestinos que viven en la ciudad, quienes pueden resultar afectados por los derribos. Son quienes decidieron edificar sin recabar los permisos del ayuntamiento, un 28% de todas las casas. Solicitar licencias de construcción es una tarea endiablada, que supone desembolsos cuantiosos, y que en contadísimas ocasiones da fruto. Entre otros motivos porque, según Naciones Unidas, a los palestinos sólo se les permite construir en el 13% de la superficie de Jerusalén Este. Un tercio ya fue destinado a levantar vecindarios judíos -"en violación de la legalidad internacional", afirma la ONU- donde residen 200.000 personas. La marcha de la colonización -esta misma semana el municipio admitió que ya se construyen tres edificios de siete plantas en un barrio árabe- ha sido imparable desde hace décadas.

Son más de 18.000 las viviendas demolidas desde que Israel conquistó Cisjordania. No sólo se echan abajo en Jerusalén. Se aplica en toda la denominada zona C, el 60% del territorio ocupado, que es el sometido a jurisdicción civil y militar del Gobierno. En esta región, la Administración Civil -eufemismo de un organismo dirigido por militares- ha denegado el 94% de las licencias solicitadas por palestinos. Las grúas, sin embargo, trabajan a buen ritmo en las colonias judías.

Esta política israelí de hechos consumados ha convertido la negociación política entre la Autoridad Palestina y los Gobiernos sionistas en un callejón sin salida. Escribía el jueves el profesor israelí Meron Benvenisti: "Existe una convicción creciente de que la posibilidad de establecer un Estado palestino independiente ya no existe, al margen de que se cree una entidad similar a los bantustantes (surafricanos)... Las posiciones políticas de Netanyahu conducen inevitablemente a un punto muerto y a una profundización de las políticas de anexión".

Evidentemente, no es ninguna novedad. El derribo de edificios es, junto a la exigencia de que se frene la construcción en los asentamientos judíos en Cisjordania, una demanda que EE UU y la Unión Europea plantean con vigor creciente en las últimas semanas. Pocos creen que no sea tarde.