Bombas contra la negociación

La explosión de 150 kilos de dinamita junto a una plaza de toros en Medellín y el crimen de Fortunato Gaviria han afectado una vez más a la política del Gobierno colombiano frente al narcotráfico, pese a que ni el atentado, en el que murieron 23 personas, ni el crimen del primo hermano del presidente son obra de los narcotraficantes. A pesar de las críticas, el Gobierno ya tiene resultados valiosos: tres de los grandes del cartel de Medellín, los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa, son hoy reclusos voluntarios de la cárcel de Itagüí.

La última corrida de la feria de la Candelaria, en la plaza de toros de la Macarena de Medellín fue un éxito. A la salida de la plaza el público se quedó en las inmediaciones para celebrarlo. Pero la explosión de 150 kilos de dinamita cortó de tajo la alegría. En medio de los escombros quedaban los cadáveres de 23 personas. Una vez más Medellín repetía las escenas de desgarro y dolor que durante los últimos años, como consecuencia de la más feroz ofensiva de la narcoviolencia, han atormentado a la ciudad.Al día siguiente, los informativos de domingo mostraron al país la imagen tan repetida de los sepelios colectivos, el testimonio de los heridos, que esta vez pasaron de 130, y la incertidumbre de quienes quedaron inválidos.

No fue la única noticia triste de ese día. La pantalla mostró en primer plano el rostro acongojado del presidente de la República, César Gaviria, esforzándose por impedir que las lágrimas rodaran por sus mejillas durante el sepelio de su primo hermano Fortunato Gaviria.

El sábado por la mañana, día 16 de febrero, el cuerpo sin vida de este hombre de 38 años, padre de tres hijos, fue encontrado sepultado en una finca de su propiedad. En ese mismo lugar había sido secuestrado pocos días antes.

Delincuentes comunes

En lo primero que pensaron muchos al conocer estos dos hechos de barbarie fue en el narcoterrorismo. En el caso del primo del presidente fácilmente se hubiera podido creer que era uno más de la ya larga lista de personalidades secuestradas por los extraditables. Poco tiempo después se supo que los asesinos eran delincuentes comunes.La bomba de Medellín creó aún más confusión. Parecía una fiel copia del casi medio centenar de atentados con dinamita sufridos ya por esta ciudad a causa de la narcoviolencia. Pero los extraditables, sólo dos días antes, en un comunicado en el que aseguraron no tener en su poder al primo del presidente, reafirmaban su decisión de mantener la tregua."Fueron sicarios, de los que trabajan para el cartel de la droga, que en esta oportunidad no cumplían órdenes de sus jefes", afirmaron las autoridades tras las primeras investigaciones. Otros dicen que puede tratarse de una venganza contra la policía (en el atentado murieron nueve agentes) por las más de 10 matanzas que se han realizado este año en las comunas populares de Medellín, en las que han sido asesinados 56 jóvenes entre los 15 y los 22 años.

A pesar de que la mano de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, según las mismas investigaciones oficiales, parece estar lejos de estos hechos, la bomba y el crimen de Fortunato Gavirla fueron utilizados para reforzar los argumentos de quienes acusan al presidente de haber concedido demasiado a los narcoterroristas. El Gobierno ofrece la garantía de la no extradición y la rebaja de penas a quienes se entreguen voluntariamente.

No han sido los anteriores los únicos estancamientos que en el último mes ha sufrido esta política. El 24 de enero, en confusos hechos que son investigados por la fiscalía, murió la directora de la revista Hoy por Hoy, Diana Turbay, hija del ex presidente Julio César Turbay. Ella formaba parte de un grupo de periodistas retenidos por los extraditables desde agosto del año pasado. La policía insiste en su versión: iban tras Pablo Escobar, y los secuestradores, al verse acorralados, asesinaron a Diana. Sin embargo, el operativo, según las investigaciones, estuvo plagado de irregularidades.

Cuatro días después se conoció el asesinato, por parte de los extraditables, de otra de sus secuestradas: Marina Montoya, de 63 años, hermana del secretario de la presidencia del Gobierno de Virgillo Barco. El brazo armado del cartel de Medellín reivindicó el crimen. Afirmaron que habían ordenado la ejecución como respuesta a la violación de sus derechos. A los dos días del sepelio de esta abuela que se dedicaba a administrar un restaurante en Bogotá, el Gobierno decretó nuevas concesiones a los narcos: los beneficios de no extradición y la rebaja de penas se ampliarán para los delitos cometidos hasta el mismo día en que el narcotraficante decida entregarse. El Ejecutivo también reiteró la aplicación de la mano dura: "Continuarán los operaciones para capturar a quienes no se sometan a la ley".Los enemigos de la política del presidente Gaviria, frente al narcotráfico no sólo están en Colombia, sino en Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo. Hace pocos días, el editorial del Aliami Herald pidió al presidente colombiano mayor firmeza contra los traficantes y calificó su estrategia de confusa y vacilante.

Pero a pesar de losataques, el Gobierno ya tiene resultados valiosos que mostrar: tres de los grandes del cartel de Medellin, los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa son hoy reclusos voluntarios de la cárcel de Itagüí.

El indulto

Y han sido tan fuertes los rumores sobre la entrega del temido Pablo Escobar, que más de una vez periodistas de las cadenas americanas han llegado con sus cámaras con lentes infrarrojos de largo alcance para caritar el momento de la entrega del narcotraficante más poderoso del mundo.Sin embargo, la semana pasada un informe periodístico basado en fuentes de intetIgencia del Estado aseguraba que el jefe de la mafia no está dispuesto por ahora a entregarse. Dicen que Pablo Escobar está esperando que la Asamblea Nacional Constituyente abra el camino al indulto para los narcotraficantes.

Al día siguiente de esta propuesta estallaron dos petardos en el techo del recinto de la Asamblea Constituyente. Como ocurre con frecuencia, no se supo ni quiénes ni por qué los pusieron. Y como en este país muchos imponen su pensamiento a través de la violencia, no sería descabellado pensar que, de la misma manera como los narcotraficantes han intentado impedir la aplicación del tratado de extradición, los amigos de este castigo también podrían estar intentando imponer su verdad a través de la violencia.

Enderezar a Colombia no parece tarea fácil. Es más; ni aun en el caso de llegar a concretar la paz con los jefes de los focos mayores de violencia, el narcotráfico y la guerrilla, se acabará el derramamiento de sangre. Existen tantos cabos sueltos, muchos de ellos que actúan únicamente por el deseo de venganza, que pasarán generaciones antes de dominarlos.