Berlusconi acusa a la magistratura de tener "fines subversivos"

Silvio Berlusconi reaccionó ayer con furia a la solicitud de procesamiento inmediato por el caso Ruby anunciada por la Fiscalía de Milán. El choque institucional entre el Ejecutivo y el poder judicial se consumó durante una volcánica conferencia de prensa en el palacio Chigi; el primer ministro, imputado por cohecho y prostitución de menores, arremetió contra los fiscales y la magistratura y calificó el movimiento judicial en su contra como "un juicio farsa" y "un asco y una vergüenza".

Berlusconi usó todo tipo de argumentos para atacar a su enemigo favorito. Afirmó que las "acusaciones son infundadas" y que la actuación judicial "viola la ley, porque va contra el Parlamento". Añadió que "la Fiscalía milanesa no tiene competencia ni territorial ni funcional" para procesarlo. Y concluyó: "Todo son cosas inventadas, y eso me disgusta porque ofende la dignidad del país y echa fango sobre Italia".

La investigación, continuó el político, de 74 años, "tiene solo fines subversivos y de desinformación mediática". "No estoy preocupado por mí, soy un señor rico que puede pasar la vida construyendo hospitales para los niños del mundo", explicó antes de anunciar que "pondrá una causa al Estado" para que este pague por "unos magistrados que no son responsables ante la ley".

El primer ministro calificó su imputación por cohecho como "inexistente y risible", y repitió que intervino ante la comisaría central de Milán donde la joven marroquí Karima El Mahroug estaba detenida el 27 de mayo pasado, porque temía "un incidente diplomático internacional".

La defensa de Berlusconi siempre ha sostenido que este pensaba que la joven marroquí, a la que según los fiscales había visto una decena de veces en su casa y contactado por teléfono en 67 ocasiones, era sobrina del presidente egipcio Hosni Mubarak.

El fiscal jefe de Milán, Edmondo Bruti Liberati, explicó que los fiscales habían pedido el procedimiento inmediato porque evita una vista preliminar que juzgan innecesaria, ya que la instrucción, señaló, "ha reunido pruebas evidentes" contra Berlusconi.

Los fiscales enviaron a la jueza Cristina de Censo las 782 páginas del sumario con un anexo que afirma que el primer ministro presionó a la policía "abusando de la condición de su cargo", y no en el ejercicio de sus funciones. El matiz estriba en que la policía no depende del jefe de Gobierno, sino del ministro del Interior. Bruti explicó que ese tipo de cohecho "no constituye delito ministerial" y que por tanto debe ser juzgado por el tribunal de Milán.

La batalla jurídica promete ser dura. La jueza De Censo tiene cinco días para decidir si admite o no las peticiones de la fiscalía. Si lo hace, el juicio empezaría en dos meses, y Berlusconi afrontaría una posible pena de hasta 12 años de cárcel por el supuesto cohecho y tres años más por prostitución de menores.

Si la jueza no halla pruebas suficientes, puede devolver el caso a los fiscales, que optarían por seguir el procedimiento ordinario, más lento. Una tercera opción es que decida que Milán es incompetente para juzgar uno o los dos delitos; eso mandaría la causa al Parlamento, encargado de autorizar el procesamiento de los miembros del Gobierno en el Tribunal de los Ministros.