800 presos se hacinan en el 'Guantánamo de Afganistán'

"¿Les asisten abogados?". El teniente coronel David Accetta se vuelve hacia el comandante Chris Belcher en busca de la respuesta, pero su número dos como oficial de Asuntos Públicos en la Base Aérea de Bagram se encoge de hombros.

Las celdas son de metal, alargadas, de tipo gallinero y sin luz natural

El Pentágono afirma que los prisioneros son "una amenaza" internacional

"No lo sé", responde Accetta, "nadie me lo ha preguntado antes". En algún lugar de este recinto situado a 60 kilómetros al norte de Kabul, tal vez no muy lejos de donde se realiza la entrevista, "entre 600 y 800" detenidos se encuentran en un limbo legal, sin cargos formales, sin derecho a defensa y sin un horizonte claro, porque EE UU considera que "constituyen una amenaza para la comunidad internacional". Son casi el triple de los 275 que alberga Guantánamo y su situación mucho menos conocida.

Los oficiales intentan ser cordiales. Durante casi dos horas se han esforzado en explicar qué hacen sus tropas en Afganistán, qué han conseguido en estos seis años y a dónde quieren llegar. Sin embargo, la comunicación se vuelve tensa cuando esta corresponsal pregunta por el centro de detención de la base, el Bagram Theater Internment Facility en su jerga. "Normalmente, no hablamos de ello con los periodistas", justifica Accetta.

Lo que empezó siendo un mero centro de clasificación de prisioneros tras el desalojo del régimen talibán en 2001 se ha convertido en el mayor y menos transparente centro de detención del Ejército estadounidense. Los militares no muestran en qué lugar exacto de la base se encuentra el penal, que no admite visitas. Para los activistas de derechos humanos, el problema es muy similar al de Guantánamo, sólo que Washington ha logrado mantenerlo alejado de la atención mediática. De hecho, el número de presos aumentó desde que se interrumpió su envío al enclave cubano en septiembre de 2004 para evitar la protección legal a la que pudieran tener acceso en ese penal.

A pesar de que el comandante Belcher puntualiza que no se trata de una cárcel secreta, todo lo que la rodea sí parece serlo. "No puedo darle cifras exactas", responde Accetta respecto al número de presos. "Entre 600 y 800", es lo más que precisa tras insistir. La horquilla es mucho más amplia que los entre 600 y 650 que estimaba hace un mes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Esta organización, la única con acceso al centro de detención de Bagram, se ha quejado de que se le ocultan detenidos.

En una inusual muestra de malestar para un grupo que basa su trabajo en la confidencialidad, su director de operaciones para Afganistán, Pierre Kraehenbuehl, denunció el pasado diciembre que el CICR "no recibe notificación de todos los lugares de detención y detenidos", y en consecuencia "no puede confirmar que tiene acceso a todos los detenidos en Afganistán". En sus declaraciones, difundidas en la web del CICR, precisaba que "el que tenga acceso regular [a un lugar de detención] no implica que no existan preocupaciones sobre las condiciones de detención y el trato".

Los militares niegan que se oculte a prisioneros. "El CICR tiene acceso a todos los detenidos del centro de detención de Bagram", afirma Accetta. Entonces, ¿no hay presos sin declarar? "No, que yo sepa". Claro que, según fuentes del Pentágono recogidas por la prensa estadounidense, entre su detención y su registro pasan al menos dos semanas, durante las cuales no existen oficialmente.

Las cifras de reclusos oscilan mucho, según admiten las organizaciones de derechos humanos. Accetta explica que las detenciones son "un proceso en marcha; se producen periódicamente", aunque aclara que "eso no significa que todos los ingresados permanezcan aquí, algunos son puestos en libertad, otros se entregan al Gobierno afgano". ¿En qué porcentaje? No se facilitan datos. Todo lo que se refiere a esta cárcel permanece en la ambigüedad. Los portavoces no aclaran siquiera el tiempo medio de detención. "No lo sé", es la respuesta.

Las explicaciones sobre quiénes están detenidos tampoco son mucho más claras. "Han sido identificados bien como enemigos de Afganistán bien como enemigos de la paz y la estabilidad", responde Accetta. ¿Qué significa eso? "Que constituyen una amenaza para la comunidad internacional, y no nos referimos sólo a EE UU, porque hay distintas organizaciones terroristas que han atacado otros países, como España, y en consecuencia los vemos como una amenaza global".

El teniente coronel Accetta reconoce que no son criminales y por tanto no procede someterles a juicio. "Estamos en una zona de guerra, pero no se trata de una guerra convencional en la que se enfrenten dos ejércitos y se respeten las convenciones de Ginebra", justifica. Insiste en que ellos no detienen a nadie sin pruebas. Entonces, ¿por qué no las presentan ante un juez? "No estoy seguro de que si detenemos a alguien en cuyo domicilio encontramos material para fabricar bombas, eso esté penado en la ley afgana", pone como ejemplo.

Las consecuencias de la alegalidad de la cárcel de Bagram salieron a la luz en 2005 a raíz de un informe de 2.000 páginas elaborado por el propio Ejército sobre la muerte, fruto de los malos tratos, de dos prisioneros afganos identificados como Habibullah y Dilawar (en Afganistán es habitual tener un solo nombre). Los homicidios se produjeron en diciembre de 2002. Una treintena de militares fueron investigados y la mitad de ellos encausados, lo que no evitó que algunos de los implicados fueran destinados a la prisión de Abu Ghraib.

El trato a los detenidos parece haber mejorado después de aquel informe y del escándalo de las torturas en la cárcel iraquí. Pero las instalaciones de Bagram dejan bastante que desear, según descripciones de ex presos y ex militares recogidas por la prensa estadounidense. Se trata al parecer de celdas de metal alargadas tipo gallineros, sin luz natural, en las que debe resultar bastante duro hacer frente al crudo invierno de la estepa que rodea Bagram.

Los responsables militares siempre han excusado esas condiciones por el carácter temporal del penal. Sin embargo, seis años después de su puesta en funcionamiento no hay signos de que vaya a cerrarse. Washington ha financiado un ala de alta seguridad en la prisión de Pul-i Charki, a las afueras de Kabul, pero los estadounidenses parecen remisos a entregar el grueso de los detenidos a los afganos. Accetta menciona la ausencia de un Estado de derecho (y las instituciones jurídicas y policiales que le son inherentes). Desde su inauguración el pasado abril hasta la semana pasada, 225 presos han sido transferidos al pabellón D, incluidos 32 procedentes de Guantánamo, y los afganos han liberado a 12 de ellos.