Dos 'ertzainas' denuncian que un mando impidió la detención de un grupo violento

Dos ertzainas han denunciado que la actitud "obstruccionista" del jefe de seguridad de los Juzgados en Euskadi, un mando de la Ertzaintza dependiente del Departamento de Justicia, impidió la detención en febrero de un grupo de kale borroka que atacó el juzgado de Bergara (Guipúzcoa). La vigilante de seguridad avisó de lo sucedido a la Ertzaintza, pero luego, por orden de su superior, impidió a los agentes entrar al juzgado para revisar las grabaciones de vídeo donde había quedado registrado el ataque. El jefe de seguridad acusó a los ertzainas de incumplir el protocolo y de allanamiento. Los agentes, tras revisar las cintas tres horas y media después, dijeron que "de haber podido visionar inmediatamente los vídeos del ataque" hubiese existido un "alto número de probabilidades de haber procedido a la identificación y detención" de los autores.

Incluso cuando los operativos de la Ertzaintza funcionan o las patrullas llegan a tiempo para atajar los actos de kale borroka, determinados protocolos terminan por hacer imposible las detenciones de los atacantes. Es lo que ocurrió el 8 de febrero en Bergara, según los dos informes realizados por dos ertzainas de la comisaría de dicha localidad, remitidos a la jefatura de la misma.

Según ambos documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, una vigilante de seguridad privada de dicho juzgado informó a las 22.50 de ese día de que un grupo de jóvenes estaba tirando piedras al edificio. La respuesta de la Ertzaintza fue inmediata. En apenas dos minutos llegó la primera patrulla y, después, otros agentes de seguridad ciudadana y no uniformados hasta un total de siete, dos de paisano.

La sorpresa de los agentes denunciantes fue que a las 23.00, al acudir al juzgado para poder ver las grabaciones de las cámaras de seguridad con que cuenta el Palacio de Justicia, la misma vigilante que había informado del ataque les indicó que "tenía órdenes de no permitir el acceso al puesto de control de cámaras y mucho menos el visionado de las grabaciones". Los agentes le respondieron que conocían el protocolo establecido para el visionado de las cintas, pero que de lo que se trataba entonces era de "descubrir a los autores del delito que acababa de cometerse". Y le dijeron: "No se puede perder el tiempo con formalismos".

Delito de desobediencia

Pese a explicarle que tanto la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilantes a "auxiliar y prestar colaboración" a las policías y a "seguir sus instrucciones" y que se le podía imputar un delito de desobediencia grave, la vigilante no cambió su actitud.

A las 23.20, el superior inmediato de la vigilante informó a la Ertzaintza de que el jefe de seguridad de los juzgados vascos, Carlos Segurajauregui, no permitía ver las grabaciones. Ocho minutos después, el propio Segurajauregui, mando de la Ertzaintza aunque dependiente de la Consejería de Justicia, telefoneó a uno de los ertzainas del operativo para decirle que "según la Ley de Videovigilancia" estaban "incumpliendo el protocolo" y que si no abandonaban el juzgado "estarían incurriendo en un allanamiento".

Y antes de cortar la comunicación, le espetó: "Si no conocen las leyes pueden ir a Erandio [sede de la principal comisaría de la Ertzaintza] a aprenderlas". "En vista de la demora ocasionada por la actitud obstruccionista de la vigilante y sus responsables, la patrulla estimó estéril mantener el dispositivo policial en las proximidades del Palacio de Justicia", dice el informe, realizado el 11 de febrero.

Sobre la una de la mañana, Segurajauregui acudió a la comisaría de Bergara para entrevistarse con el jefe de operaciones y dio instrucciones para que se facilitase una copia de las grabaciones. Tres horas y media después de la primera denuncia del ataque, la vigilante entregó a los investigadores la grabación. Las imágenes recogían con claridad el ataque cometido por cuatro varones (uno de ellos zurdo) y una mujer encapuchados, grupo que "seguramente procedía y se refugió en el gaztetxe" [local juvenil] de la localidad.

En su segundo informe, fechado el 20 de abril, y tras analizar otras imágenes, los mismos dos agentes "refuerzan su [primera] valoración" de que podían haber detenido a los autores de haber visto los vídeos a tiempo. Tras un incidente similar ocurrido en ese mismo juzgado de Bergara el pasado 25 de mayo, el Gobierno vasco calificó la actuación de "correcta, legal y ajustada al protocolo".