El PSOE negocia a tres bandas la Ley de la Memoria

La negociación de la Ley de Memoria Histórica, que ha avanzado durante la última semana, con contactos a tres bandas entre el PSOE, CiU, IU-ICV y el PNV, se acelerará esta semana. El Gobierno y el PSOE -los principales negociadores son Diego López Garrido, portavoz socialista, y Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes- ya tienen en su mano varios documentos de contraoferta tanto de CiU como de IU-ICV, a los que responderá desde hoy.

Josu Erkoreka, portavoz del PNV, se reunió el jueves con López Garrido y le planteó que ellos no pueden apoyar en ningún caso la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca, si no se entregan al País Vasco los documentos del Gobierno autónomo entre 1936 y 1939, incautados por el franquismo y que permanecen en Salamanca. Ante la negativa del PSOE a permitir que más documentos salgan de ese archivo -ya lo hicieron los papeles de la Generalitat, con gran escándalo y coste político para los socialistas en esa provincia-, el PNV plantea la posibilidad de apoyar toda la ley excepto esa parte.

Avances

Con CiU la negociación no está del todo cerrada, pero sí muy avanzada. De hecho, ya se han incorporado las reclamaciones principales para contemplar entre las víctimas a las que esta ley pretende honrar a los católicos que sufrieron la represión descontrolada -no oficial, como en el lado franquista- en el bando republicano por el mero hecho de ser creyentes.

Con IU-ICV el tira y afloja parece más complejo, porque se trata de asuntos de fondo, pero también ha habido avances que esta semana habrá que concretar, según fuentes de la negociación. Está próximo el acuerdo para crear una institución pública que se haga cargo del Valle de los Caídos y trate de darle alguna utilidad para explicar lo que significó la represión franquista, algo similar a lo que sucede en Núremberg con la sede de los grandes actos del nazismo, visitada por todos los escolares alemanes.

También se avanza en el pacto para colaborar con los ayuntamientos en la retirada de símbolos y calles franquistas, y en fosas, para que el Estado tenga un papel mayor en la tarea de la reapertura. Nadie quiere dar por hecho el acuerdo, sobre todo por su complejidad, pero los negociadores son optimistas.