El PP reclamó extender a todas las comisarías la red de escuchas que ahora critica
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El PP ha apostado durante cinco años por llevar el sistema de escuchas telefónicas Sitel, sin cuestionar su legalidad, a "todas las unidades de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Así lo demuestran las preguntas parlamentarias presentadas en este sentido desde 2004 hasta abril 2009 en el Congreso, antes de que a Esteban González Pons este sistema se le revelara como "ilegal e inconstitucional" y antes de que Soraya Sáenz de Santamaría cuestionara los cientos de procesos a terroristas, narcotraficantes y corruptos en los que se ha usado este método de pinchazo. Una iniciativa bien acogida por Batasuna, que se plantea tomar el guante del PP para sacar a los suyos de la cárcel.
El partido de Mariano Rajoy (quien contrató Sitel en 2001) ya preguntó en 2004 por "las iniciativas previstas para optimizar" Sitel "en el Ministerio del Interior durante 2005". Se le contestó en diciembre que ya se estaba preparando el extender "el sistema para la interceptación de otros servicios de telecomunicaciones (GRPS, UMTS, ADSL, redes IP) a partir de 2006". En 2007, 2008 y 2009 preguntó cuándo se iba a extender "a todas las unidades de investigación" e incluso a "todas las comisarías locales" de la policía. De ilegalidad no dijo ni palabra, ni cuando el Gobierno le contestó.
Apoyo de Batasuna
Pons volvió ayer a la carga, insistiendo en que Sitel esté bajo control de los jueces, no de Interior, aunque ya negó que cuestione los juicios en los que se ha usado. Investigadores policiales consultados se preguntaron ayer con sorna: "¿Quieren que los jueces hagan las escuchas? Porque sólo se pinchan teléfonos con autorización judicial". Batasuna ya se plantea, no obstante, presentar recursos para anular las escuchas en los procesos que afectan a sus dirigentes.
"Ya me temía lo de Batasuna", subrayó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior: "Pero le digo a Batasuna lo mismo que le digo al PP, que van a pinchar en hueso porque el sistema es absolutamente legal y está avalado por el Tribunal Supremo". Dos sentencias del alto tribunal así lo acreditan. Rubalcaba incluso ofreció al PP pagarle la denuncia contra Sitel si es que dicho partido halla un caso de uso fraudulento. "No lo han hecho porque se trata de una mentira para emborronar un caso de corrupción que afecta a sus dirigentes", añadió en referencia al caso Gürtel.
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