El PP estudia recurrir al Constitucional el parón del trasvase del Ebro

Mariano Rajoy, líder del PP, anunció ayer, tras su reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que su partido "estudia seriamente" presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que va a aprobar el Gobierno para paralizar el trasvase del Ebro, eje clave del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Rajoy le pidió a Zapatero que antes de suspender el trasvase "cuente con el consenso de las autonomías afectadas, reconozca que hay un déficit importante de agua en las cuencas mediterráneas y les garantice el mismo volumen de agua y al mismo precio".

El anuncio de Rajoy supone que el PP utilizará todas las vías a su alcance para intentar que no se pare el trasvase. Así, las dos autonomías más afectadas, la Comunidad Valenciana y Murcia, van a recurrir ante el Constitucional el decreto-ley anunciado por el Gobierno. Además, pueden hacerlo, 50 diputados o 50 senadores. Por el anuncio de Rajoy ayer, lo harán todos.

El que más avanzado tiene ese recurso es el Consell de la Comunidad Valenciana. Al punto de que su presidente, Francisco Camps, del PP. entregó a Zapatero hace dos semanas un resumen del informe jurídico en el que la Generalitat Valenciana apoya su defensa de que el decreto-ley es inconstitucional. Camps presentará su recurso al alto tribunal "al día siguiente" de la aprobación del decreto-ley.

El informe que Camps entregó al presidente tras reunirse con él recoge una decena de argumentos que el PP valenciano denomina "decálogo de inviabilidad jurídica del PHN". Ahora el PP nacional, según anunció Rajoy, recoge esta iniciativa y se suma a ella.

La presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra el decreto no tendrá, en todo caso, efectos prácticos a corto plazo. Es decir, sólo en el caso de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de los recursos del PP, la situación volvería al punto actual. No ocurre así cuando es el Gobierno central quien interpone un recurso de inconstitucionalidad contra una norma aprobada por una comunidad autónoma. En este último caso, la mera admisión a trámite del recurso paraliza temporalmente la norma autonómica.

En todo caso, el PP confía en ganar el recurso ante el Constitucional. Entre los argumentos jurídicos que esgrimirá destacan tres: el fundamental es que "quiebra el principio de solidaridad" entre regiones. Esto fue destacado ayer por Rajoy cuando pidió a Zapatero que reconsiderara su decisión. El jefe del Ejecutivo declinó esta reclamación pues la paralización del trasvase es una promesa electoral del PSOE. Un portavoz de Moncloa apostilló después que "la disposición mayoritaria de los españoles" es contraria a esa parte del PHN.

El segundo argumento del PP es que los decretos-ley son una figura jurídica pensada sólo para legislar sobre asuntos de "extraordinaria y urgente necesidad". El PP argumentará en sus recursos que no hay tal urgencia pues las obras del trasvase del Ebro no han hecho nada más que empezar.

El tercero es que la paralización incumple el artículo 45 de la Constitución, que en su punto dos insta a los poderes públicos a velar por la utilización racional de los recursos naturales "apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva". Este argumento fue defendido por Rajoy con algunas cifras. El líder del PP aseguró que el PHN que propuso el PSOE, en su anterior etapa de Gobierno, preveía un trasvase mayor: de 1.800 hectómetros cúbicos cuando el actual es de sólo 1.000. Y, sobre todo, que este año se irán al mar 12.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro. "Se trata de no desperdiciar ese agua", enfatizó.