Gobierno y Generalitat se preparan para una posible sentencia adversa

El presidente catalán, el socialista José Montilla, advirtió hace meses de que una sentencia del Tribunal Constitucional que recortara el Estatuto aumentaría la "desafección" de Cataluña respecto al conjunto de España. Y esta semana su vicepresidente, Josep Lluis Carod Rovira (ERC), ha invitado a los catalanes a manifestarse durante la Diada del 11 de septiembre, incluso antes de conocer el fallo (luego reculó y dijo hablar a título personal). Su argumento es éste: "Lo que ha votado Cataluña es intocable. Una vez ha hablado el pueblo de Cataluña, nadie más debe hablar". Montilla ha desautorizado la marcha preventiva, pero coincide en el fondo: "El Estatuto, además de una ley orgánica, es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales", dijo en julio.

Cierto desasosiego se ha instalado en la Generalitat y también en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la recta final del verano, ante la posibilidad de que en breve una sentenci

a declare inconstitucionales artículos sustanciales del Estatuto, en vigor desde hace tres años. "Quien tendrá que tomar la iniciativa una vez se conozca la sentencia, sea la que sea, es el presidente de la Generalitat. Tendrá que liderar la reacción social, política e institucional y poner de manifiesto cuál es el punto de vista de Cataluña", anunció el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Montilla dejó claro este viernes el punto de vista: el "pacto político" que es el Estatuto "trasciende más allá de los textos de las propias normativas".

Pero no sólo en Cataluña se espera con agitación la decisión de los jueces. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mostró el pasado domingo su "inquietud" por la tardanza del Constitucional —el recurso fue interpuesto por el PP en julio de 2006— y subrayó que la sentencia del Estatuto será "la más compleja de su historia", porque "va a marcar el futuro del Estado de las autonomías y hacia dónde pueden o no evolucionar".

No se quedó ahí. Caamaño puso énfasis en defender la ley, con este razonamiento: "Lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada. Se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad". Tampoco el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, oculta su deseo de que esa sentencia "trascendental" certifique "la constitucionalidad del Estatuto", aunque ve "intolerable" la "presión" de Carod.

Presión que engordan otros dirigentes de ERC: el diputado Joan Tardà propone que su grupo se retire temporalmente del Congreso si el tribunal no dictamina lo que el partido nacionalista cree que debe dictaminar; y el portavoz parlamentario, Joan Ridao, augura un "choque de legitimidades" entre Cataluña y el Constitucional que obligaría a pasar a "una esfera postautonomista".

"Sorprendente", según el ministro de Fomento, José Blanco. Sorprendente que ERC se arrogue la defensa del Estatuto cuando votó en contra de su aprobación. Blanco insistió ayer en que, en opinión del PSOE, el Estatuto "es constitucional", pero admitió que eso "no tiene por qué ser lo que dictamine" el tribunal, "que tiene la última palabra", y confesó que el Gobierno es "consciente" de que el texto "va al límite de las posibilidades constitucionales".

Mariano Rajoy, presidente del PP, exige a los partidos que acaten la sentencia "guste o no" y dejen de "presionar". Y desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, mayoritaria y de perfil conservador) tildan de "estupefaciente" la batería de amenazas lanzada sobre el Constitucional.

"La democracia no es el gobierno de las personas, es el gobierno por las leyes. El Constitucional controla la constitucionalidad de las leyes porque ésa es la encomienda que en su día el pueblo español decidió atribuirle", subraya el portavoz de la APM, Antonio García, para responder a la tesis de Carod sobre la decisión "intocable" del "pueblo catalán".

Todo en la misma semana, siete días que han vuelto a empañar la unidad del Gobierno de Cataluña. La propuesta de manifestación preventiva obligó a reaccionar a Montilla y pilló desprevenido a Joan Puigcercós, presidente de ERC, que tuvo que hacer acrobacias para respaldar una hipotética protesta pero sin fijar fecha. Carod lo había explicado así: "Si usted tiene una casa que corre peligro de que se hunda o de que la derriben, ¿usted cuándo lo hará saber: antes o cuando ya la hayan derribado? Si salimos después [de la sentencia] ¿de qué servirá?".

Incluso el ex presidente Pasqual Maragall habló ayer: lo hizo para apoyar la manifestación previa a la sentencia y opinar que, si ésta recorta el Estatuto, será necesario un nuevo referéndum, informa Rebeca Carranco.