El Constitucional debate si los jueces recusados juzgan su impugnación

La situación en el Tribunal Constitucional ha llegado a tal extremo que el presidente en funciones, Vicente Conde, ha tenido que someter a los magistrados la disyuntiva de "paralizar el recurso" del PP contra la prórroga de la presidenta titular u optar por un pleno con 10 magistrados, en el que cinco de ellos, recusados, juzgarían sus propias recusaciones y las de sus compañeros.

El presidente del Pleno que debe juzgar la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), Vicente Conde Martín de Hijas, dirigió el pasado día 31 una consulta a los magistrados del tribunal en la que les pide su opinión sobre la viabilidad de convocar un Pleno de los 10 magistrados para examinar las cinco recusaciones que deben ser resueltas: las del Gobierno contra los magistrados Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, y las del PP contra Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.

El texto de la consulta recuerda que tras las abstenciones de la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez y la recusación de los cinco magistrados, el tribunal queda sin el quórum de ocho jueces para ver el recurso. A la vista de las contestaciones, Conde optará por "la solución que proceda, según el parecer mayoritario".

En principio, los magistrados recusados no entran al Pleno donde se estudia la admisión a trámite de sus recusaciones, lo que impide alcanzar el quórum y conduciría a "la inmediata paralización del proceso".

Así "la única solución viable sería dictar un acuerdo por el presidente en funciones, aplazando el trámite de las recusaciones hasta la próxima renovación del Tribunal, para que con los nuevos magistrados pudiera establecerse el mínimo establecido". Pero tal aplazamiento implica "la paralización del recurso de inconstitucionalidad del PP".

Vicente Conde considera que esa solución tendría el "gravísimo inconveniente" de admitir que por "actos de parte, en este caso del presidente del Gobierno y los diputados recurrentes" del PP, "se bloquearía el ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal y se crearía un precedente de indudable gravedad".

La alternativa que apunta el prediente en funciones, "absolutamente innovadora" y "no sólo sin base legal precisa", sino "contraria al criterio seguido en otros casos de recusaciones", podría consistir en la convocatoria de un Pleno integrado con la participación de todos los magistrados recusados, que inevitablemente intervendrían en el enjuiciamiento de sus propias recusaciones y de las de los demás recusados".

Esa solución se justificaría, según Vicente Conde, en la doble consideración de hacer valer a las partes "el respeto de la postestad jurisdiccional del Tribunal, sin dejar a su disponibilidad el bloqueo de la misma" y en que el criterio seguido en otros casos partía de que nunca se había impedido alcanzar el quórum.

Vicente Conde pide a los magistrados que le respondan antes del martes 6 de noviembre, a fin de "decidir la convocatoria o no del Pleno en esa semana". El Pleno de 10 magistrados propuesto por Vicente Conde estaría compuesto por cinco jueces progresistas y otros cinco conservadores, con voto de calidad del presidente conservador. Anoche el Pleno aún no se había convocado.