Londres amenaza con llevar a Islandia a los tribunales

Lo que los gobiernos pactan, los votantes lo pueden hacer trizas. Así han decidido actuar los islandeses, que ayer rechazaron por segunda vez en un referéndum el acuerdo al que había llegado su Gobierno con los de Reino Unido y Holanda para resolver el contencioso que le enfrenta con ellos por la deuda generada en 2008 por la quiebra del banco Icesave. Con el 90% del voto escrutado, casi el 60% de los votantes que acudieron a las urnas el sábado se pronunciaron contra ese acuerdo, por el que Islandia ha de devolver a esos dos países los 4.000 millones de euros que les costó garantizar a sus ciudadanos los depósitos que tenían en ese banco islandés, filial en Reino Unido y Holanda del nacionalizado Landbanski.

Reino Unido y Holanda reclaman 4.000 millones en depósitos perdidos

Los ciudadanos se oponen por segunda vez a la decisión de su Gobierno

El conflicto se debe a que Islandia decidió avalar todos los depósitos bancarios que había en la isla cuando se desplomó su sistema financiero en la crisis de otoño de 2008. Pero Reikiavik se desentendió de las cantidades depositadas en los bancos islandeses que actuaban en el exterior, como Icesave, que en apenas unos meses captó miles de ahorradores en Holanda y Reino Unido ofreciendo tipos de interés de entre el 5% y el 6%. Cuando la banca islandesa se desplomó, Londres y La Haya garantizaron los depósitos de bancos islandeses en su territorio, pero luego exigieron que el Gobierno islandés les pagara ese dinero.

La obligación legal de Islandia en este caso es discutible. Reikiavik no la admite, pero británicos y holandeses sostienen que Islandia incumple la normativa del Espacio Económico Europeo en dos aspectos: porque esta le obliga a garantizar al menos los 20.000 primeros euros de cada depositante y porque está discriminando a los acreedores no islandeses.

Pero, sea cual sea el trasfondo legal, el Gobierno islandés cree que es políticamente necesario llegar a un acuerdo sobre el asunto para garantizar que el país pueda volver a financiarse en los mercados internacionales. El año pasado se llegó a un acuerdo por el que Islandia pagaría a Holanda y Reino Unido 4.000 millones de euros entre 2016 y 2024 a un interés del 5,5%.

Tras ser rechazado con más del 90% de los votos en contra en un primer referéndum en 2009, el acuerdo fue renegociado y hace unos días se recortó el interés a pagar por Islandia al 3,3% y se amplió el plazo de devolución hasta 2046. Pero los islandeses han vuelto a decir que no, a pesar de que el Gobierno islandés recobrará la mayor parte de ese dinero por la venta de activos bancarios nacionalizados y solo una pequeña parte de la deuda acabará siendo asumida directamente por los contribuyentes.

Los votantes "han elegido la peor de las opciones", declaró la primera ministra, Jóhanna Sigurdardóttit, cuyo Gobierno de centro-izquierda podría verse obligado a dimitir. "Es, desde luego, muy decepcionante", añadió. En términos muy similares se pronunció el ministro holandés de Finanzas, Jan-Kees de Pager, con el añadido de que empezó a enseñar el hacha: "El tiempo de negociar ya es cosa del pasado. Islandia está obligada a devolvernos el dinero. Ahora son los tribunales los que han de decidir", declaró.

Lo mismo dijo el número dos del Tesoro británico, Danny Alexander. "Hemos intentado llegar a una solución negociada. Tenemos la obligación de conseguir que nos devuelvan ese dinero y vamos a seguir persiguiendo ese objetivo hasta que lo consigamos", declaró.

El voto negativo no solo ha contrariado a los políticos de los tres países. También amenaza con ser muy mal recibido por analistas e inversores. La agencia de calificación Moody's ya había anunciado días atrás su intención de rebajar la calificación de la deuda islandesa si el acuerdo era rechazado por los votantes. Y numerosos analistas han expresado ya su preocupación por las consecuencias que puede tener para Islandia. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno había basado toda su agenda económica en la normalización de relaciones con la comunidad internacional. Pero si el caso llega finalmente a los tribunales, la decisión final puede demorarse varios años.

Frente al rechazo de los Gobiernos, el presidente de Islandia, Oláfur Ragnar Grímsson, considera que los dos referendos convocados por él "han devuelto al país la confianza perdida tras el hundimiento de la economía islandesa", en 2008. Los resultados, en su opinión, "refuerzan aun más la democracia".