La nueva ley de turismo persigue mejorar la calidad

La Junta busca reforzar la calidad y la seguridad que disfruta el turista en un sector que representa el 11% de la economía regional. Para ello, la nueva Ley de Turismo recoge en 84 artículos una regulación que sustituye a la vigente ley de 1999, y cuyo proyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno para remozar el sector y adecuarlo al modelo de economía sostenible que promulga el Ejecutivo. "Creemos en un turismo sostenible y esto se refleja en la ley", destacó ayer el consejero de Turismo, Luciano Alonso.

El proyecto de ley reordena la oferta y las actividades turísticas y entrará en vigor el próximo noviembre, cuando está prevista su aprobación. Para ello, el modelo de desarrollo sitúa al territorio como el principal recurso de la actividad turística, e implica modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para homogeneizar el suelo de uso turístico y así integrarlo en los planes generales de cada municipio. Así, tendrán esta consideración los terrenos que se destinen a alojamiento turístico en al menos un 50% de su edificabilidad total. De este porcentaje, el 5% podrá dedicarse a servicios diferentes del alojamiento como aparcamientos.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó también ayer el proyecto de una ley para los 469.000 trabajadores autónomos andaluces. La norma recogerá un diagnóstico del sector y un sistema para evaluar la calidad que presta la Administración a este numeroso colectivo. La ley incluye incentivos directos para comenzar y mantener proyectos, bonificaciones y exenciones fiscales y otras medidas para apoyar al autónomo. "Andalucía generó en 2010 más autónomos que Madrid y Valencia juntos en 2010. El Gobierno canaliza una ilusión para no perder oportunidades de enriquecimiento con políticas activas", resumió el consejero de Empleo, Manuel Recio. La Junta ha destinado 51 millones para los autónomos este año, centrándose sobre todo en áreas desfavorecidas, sectores vinculados a la economía sostenible o en colectivos con necesidades especiales como los jóvenes menores de 30 años, parados y discapacitados.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) lamentó la aprobación de la ley sin ser informados previamente. "Es el reflejo del distanciamiento del Gobierno andaluz de los 470.000 autónomos andaluces", censuró la asociación en un comunicado. "Es una política de todo para los autónomos pero sin los autónomos", resumió. Asimismo, la Asociación de Trabajadores autónomos (ATA) compartió las críticas al Ejecutivo. "Las aportaciones, sugerencias o mejoras que puedan realizar al documento los autónomos, como parte afectada, poco importa a la Junta", censuró el vicepresidente de la asociación, Rafael Amor.