La juez investiga al mayor aparcamiento de Estepona

¿Cómo puede un aparcamiento público de casi 900 plazas llevar abierto tres años sin ningún tipo de permiso? La juez Isabel Conejo, instructora del caso de corrupción urbanística bautizado como Astapa, tiene en la concesión del mayor aparcamiento de Estepona (Málaga) otro expediente que investigar. El aparcamiento llevaba funcionando desde 2005 sin tener licencia de ocupación, ni de actividad. Tampoco pagaron durante este tiempo ningún tipo de impuesto municipal. En contra de lo que se pueda imaginar, la inauguración no fue de tapadillo. A ella acudieron el 4 de julio de 2005, el ex regidor de la ciudad Antonio Barrientos y el entonces edil responsable de infraestructuras Rafael Montesinos, ambos imputados en el caso aún bajo secreto.

David Valadez (PSOE), elegido alcalde tras el encarcelamiento preventivo de Barrientos, abrió el camino ayer a la empresa Zapallito, SL, para poder trabajar legalmente. Junto a la concesión de la licencia de ocupación, el regidor anunció que el Consistorio instalará el sistema de cortinas de agua antiincendios que el aparcamiento necesita por motivos de seguridad cargándolo a un aval de la empresa.

Valadez decretó el cierre del aparcamiento el 7 de agosto y dio a la empresa 10 días para subsanar las deficiencias de seguridad. Tras una reunión con representantes de la empresa amplió el plazo, pero también visitó a la instructora del caso Astapa, con la que, según fuentes cercanas al caso, habló de una serie de irregularidades en esta concesión administrativa. El regidor rehusó ayer hablar de su charla con la instructora. "Los tribunales son conscientes ya de muchas cosas", dijo en conferencia de prensa.

Esta concesión no es la única que Valadez está examinando con lupa, por lo que puede que visite en más ocasiones a la instructora: "Cuando tengo conocimiento de presuntas irregularidades las traslado a la justicia, de manera inmediata, le pese a quien le pese", aseguró.

La historia del aparcamiento tiene tras de sí una serie de capítulos sin cerrar, como la acusación de Rafael Montesinos, del PA, a Ignacio Mena, PP, de pagar certificaciones de obra a favor de la empresa de forma irregular. En la época en la que se iniciaron las obras del aparcamiento Mena era concejal de Infraestructuras. Montesinos era el responsable de ese área en el momento de la apertura sin licencia.