La épica choca con el urbanismo

Cada año, los cañones y los fusiles devuelven el olor a pólvora al Charco de la Gallina y la Huerta de San Lázaro de Bailén (Jaén). Son las recreaciones que tienen lugar en un campo abierto de más de tres hectáreas para rememorar la batalla que en 1808 enfrentó a las tropas españolas del general Castaños y las francesas de Dupont en uno de los episodios más cruciales de la Guerra de la Independencia, no tanto por su trascendencia real como por el simbolismo que supuso la primera derrota en suelo español del poderoso ejército napoleónico.

Tal es la vinculación de Bailén con su batalla que este paraje llegó a ser tipificado como suelo protegido no urbanizable por su valor histórico en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo que ocurre es que nadie cayó en la cuenta de que esa protección chocaría con el centenar de viviendas construidas en las últimas décadas y que ahora ven amenazado su futuro por encontrarse en suelo no urbanizable. La amenaza se ha hecho realidad con el precinto de la primera vivienda y no han sido más porque los vecinos afectados han iniciado una cruzada, a través de movilizaciones y recursos legales.

El PGOU protege el lugar de la contienda por su valor histórico

"El anterior alcalde de Bailén quería convertir este lugar en una especie de Waterloo desde el punto de vista turístico, sin tener en cuenta estas viviendas", señala la secretaria de la asociación Charco de la Gallina, María Márquez, en alusión a la intención del anterior regidor, el independiente Bartolomé Serrano, de proteger este lugar.

El avance del PGOU recibió 110 alegaciones, 22 de ellas de vecinos de este paraje, que aún no han sido resueltas. Y a eso se agarran los vecinos para defender la legalidad de sus casas, argumentando que pagan la contribución, además de la luz, el agua o la basura. "No se deben ejecutar las medidas cautelares hasta que no se resuelvan las alegaciones y el recurso", apunta Márquez.

Los afectados recuerdan que la actual alcaldesa, Simona Villar (PSOE), cuando estaba en la oposición también alegó para no proteger esta zona, por lo que le solicitan coherencia y que propicie la regularización de las viviendas, un compromiso expresado por todos los grupos antes de las pasadas elecciones. La alcaldesa, por su parte, no ha querido dar ninguna fecha de aprobación del PGOU, pendiente aún de resolver las alegaciones a su avance.