El 20% de los edificios históricos de Ferrol está en manos de tres dueños

Tres constructores se reparten la propiedad de 240 edificios en Ferrol, según el Gobierno local. Entre los tres acaparan el 20% de los inmuebles históricos del centro, que ronda el millar. Dos de ellos son los promotores José Fernández Gómez, conocido como Jofer, y Abelardo Bellón. El primero admite que tiene las escrituras de unos 80 inmuebles "para alquilar, vender o rehabilitar". Algunos en buen estado y otros no. Él mismo reconoce que su colega de profesión, Abelardo Bellón, posee también muchas propiedades.

La identidad del tercer gran hacendado no está tan clara, pero según distintas fuentes, sería otro conocido constructor. Sus propiedades se cuentan por docenas en el municipio y se concentran en el barrio de A Magdalena, el epicentro comercial de Ferrol. Esta concentración de propiedades urbanas tiene en jaque al Ayuntamiento, impotente para frenar el deterioro, acelerado en los últimos años. La ruina campa a sus anchas consumiendo espléndidos inmuebles del siglo XVIII, condenados a la destrucción por la posible negligencia de sus propietarios. La prueba más evidente es la frecuencia con la que los desplomes se suceden en la ciudad.

Casi la mitad de los inmuebles de A Magdalena están en ruina o deteriorados

El Ayuntamiento se siente impotente para forzar arreglos en las viviendas

Los barrios históricos de A Magdalena y Ferrol Vello, que se extienden desde la plaza de España hasta Curuxeiras, suman 1.214 edificios y más de 4.500 viviendas, para 5.500 vecinos, de acuerdo con los datos del Ayuntamiento. El 85% de las 195 construcciones valiosas que conforman el núcleo de la ciudad vieja, tienen más de medio siglo de historia. En A Magdalena, 729 de los 1.019 inmuebles se edificaron antes de 1960 y 597 gozan de especial protección. Algo más de la mitad de esas viviendas antiguas están en buen estado (411) y los otros 318 edificios se columpian entre el deterioro y la ruina. "Su estado es regular, malo o muy malo", concluye la memoria de Urbanismo, de 2009.

En general, cuentan en la Concejalía de Urbanismo, muchos propietarios han aparcado sus obligaciones legales como titulares de la vivienda. "El dueño tiene una responsabilidad en el mantenimiento que no debe eludir, pero tenemos pocas herramientas para que la cumpla", se lamentan desde el Gobierno local, que lidera el socialista Vicente Irisarri. Es poco probable que estos promotores, que desembolsaron miles de euros para adquirir los edificios, no puedan hacer frente al mantenimiento de los que presentan peor estado.

Uno de esos constructores, José Fernández, asegura que tiene que esperar "dos años por una licencia de obra", sin facilidades para invertir pero "con todas las pegas del mundo". Cuenta con nueve sociedades inmobiliarias, hosteleras y de promoción de edificios, creadas entre 1986 y el 2000, además de pequeños negocios por la ciudad. Se queja amargamente de que sucesivas corporaciones locales "han machacado el centro, suprimiendo aparcamientos y peatonalizando a lo bestia". Hace casi una década que litiga contra el Ayuntamiento a cuenta de un hotel que abrió sin licencia en 2007 y que, según Urbanismo, no es legalizable porque edificó por encima del volumen permitido.

El segundo constructor, Abelardo Bellón, es presidente o administrador único de, al menos, siete sociedades de promoción urbanística en la ciudad y negocios de juego. Según los técnicos municipales, la explicación más plausible al extenso inventario de propiedades inmobiliarias que acumulan tres personas sería esta: los descendientes de los antiguos dueños emigraron y cortaron lazos con su patrimonio. Otros inmuebles, fueron embargados por bancos y juzgados.

Sus nuevos dueños los fueron adquiriendo, discretamente, en subastas públicas, a través de terceras personas -redes de subasteros- mediante la fórmula cesión del remate. Cuando se formalizaba la compra, el subastero designaba al constructor como propietario. "Nunca daban la cara, era legal, pero escandaloso", explican fuentes jurídicas, que les atribuyen prácticas irregulares como reservar la casa, haciendo que el vendedor les entregue un poder irrevocable de venta, que suscriben en notarías "afines", o mediante autocontrataciones ilegales, que les permiten "sujetar las propiedades sin dar la cara o aparecer como titulares cuando les conviene".

La situación cambió a partir de septiembre del 2007. El Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de A Magdalena. El documento salió adelante con inusual unanimidad, después de siete años atascado en escollos administrativos. Se gestó con el fin de "proteger, repoblar y dinamizar" el corazón de la ciudad, explica el edil de Urbanismo, Ángel Mato. El nuevo plan extremó la protección y frenó las licencias para edificios de nueva planta, congelando las ambiciones de los promotores, que en algunos casos, optaron por abandonar inmuebles centenarios.

Sin el mantenimiento apropiado, las cubiertas se descomponen con rapidez y la lluvia pudre las viejas vigas de madera hasta que alguna parte de la estructura acaba cediendo. "Rehabilitar es muy caro, así que esperan a que el edificio se declare en ruina, para volver a construir", apuntan desde Urbanismo. El mantenimiento en estos inmuebles es prácticamente nulo y el Ayuntamiento no puede intervenir hasta que la construcción amenace la seguridad pública o tenga una orden judicial.

A pequeña escala, los desplomes se han convertido en moneda corriente en Ferrol para indignación de los vecinos. Ocurre en pisos normalmente deshabitados cuyos propietarios viven lejos o no se ocupan de su mantenimiento hasta que el juzgado los obliga. Dos céntricos edificios se desplomaron parcialmente con muy pocos días de diferencia, el 14 de diciembre y el 3 de enero, en las calles Cataluña y Real. Nadie resultó herido, pero los destrozos fueron cuantiosos. A raíz de otro derrumbe en 2008, el Ayuntamiento redactó dos ordenanzas para la Inspección Técnica de Edificios y un registro de solares que sancione a los propietarios irresponsables y agilice las expropiaciones. Si algún propietario no cumple, su patrimonio pasará al Ayuntamiento.