Las dos caras de las rentas eólicas

"Los comuneros no se preocupan y yo ya estoy harto". Antonio Lorenzo, tesorero de la comunidad de montes Serra do Faro durante nueve años, no quiere repetir como directivo de su asociación. Durante ese período esta comunidad del ayuntamiento orensano de Melón ha acumulado más de 300.000 euros gracias al negocio eólico. "Algunos pueblos invirtieron, pero el resto está parado en una cuenta y la comunidad está perdiendo", señala Antonio.

Los comuneros de Serra do Faro decidieron asignar los ingresos de la docena de molinos instalados en sus montes a obra social en su zona. Pero como indica el ex tesorero "muchos vecinos no fueron capaces de ponerse de acuerdo" para diseñar proyectos o directamente no recogieron los fondos. Como parte del dinero ha permanecido sin invertirse, la ley establece que Hacienda debe descontar un 25% en concepto de impuestos.

La asociación de vecinos de Baroña creó 11 puestos de trabajo en 2008

Hacienda descuenta un 25% si el dinero no se invierte en ningún proyecto

Una quinta parte de las 2.900 comunidades de montes de Galicia arrienda su superficie para instalar aerogeneradores. El alquiler para cada molino está valorado en unos 5.000 euros de media y las asociaciones tienen la ocasión de gestionar importantes cantidades de recursos. Si la comunidad de Serra do Faro representa el ejemplo de la oportunidad desaprovechada, la asociación de vecinos de Baroña constituye el caso contrario. Emplazada entre los ayuntamientos de Boiro y Porto do Son, ingresa gracias a los molinos 60.000 euros al año. Su presidente, Juan Paz, señala que "su objetivo principal es generar puestos de trabajo". En 2008 contrataron a 11 personas para trabajar en el monte, este año a cinco y, a pesar de que estos últimos meses cuentan con menos fondos, mantienen a tres trabajadores.

A Juan Paz repartir el dinero no le parece una opción, ya que "el monte necesita mucho trabajo". Con el dinero de los molinos y varias subvenciones la asociación está vallando el monte, cría cabezas de ganado de pura raza gallega, arregla pistas forestales, vende madera a los vecinos, dispone de vehículos propios y ayuda económicamente a las fiestas y al grupo de danza de la zona. Juan también preside la Mancomunidad de O Barbanza, que agrupa a la asociación de Baroña y a otras doce más. Cuentan con un grupo de 108 voluntarios antiincendios listo para ayudar a los bomberos. Para Juan, "si el monte es de los vecinos tienen la obligación de mirar por él".

La Lei de Montes establece que el 15% de los ingresos que genera el monte debe ser reinvertidos en él. El resto se emplea siguiendo los estatutos diseñados según las características de cada comunidad. Por lo general, no se elige el reparto individual, ya que Hacienda descuenta un 25% y posteriormente un 18% en el IRPF de cada comunero. Caben otras dos posibilidades: invertir en el monte o realizar obra social.

Los comuneros de Serra do Faro optaron por realizar obra social, pero establecieron un peculiar sistema de reparto. Cada una de las 28 parroquias que componen la comunidad se haría cargo de una parte de los beneficios y tendría que acordar en qué invertirlos. Los problemas comenzaron cuando pueblos como el propio Melón ni si quiera habían recogido el dinero del primer reparto. Algunas aldeas como Barcia, Vilaverde o Casal sí han financiado reparaciones en muros de contención, traídas de agua o centros sociales. Otra parte del dinero se ha acumulado y si, tras cinco años, no se emplea en obra social o se presenta algún proyecto, un 25% acaba en las arcas de Hacienda.

Hace seis meses, Antonio Lorenzo y el resto de miembros de la junta de Serra do Faro convocaron a los vecinos: no querían renovar sus cargos y había que elegir a una nueva directiva. A la reunión, de los casi 550 comuneros, se presentaron 15. "La anterior dirección estaba quemada, nadie quería presentarse y decidimos meternos para dar una salida a todo esto", señala María Luisa Gil, nueva secretaria de la comunidad.

La constitución de la nueva directiva se realizó incorrectamente y María Luisa reconoce que están así por no asesorarse: "Pecamos de no hablar con Montes". Ni ellos ni la antigua directiva pueden acceder a las cuentas bancarias y la gestión permanece paralizada desde hace seis meses. María Luisa espera solucionar la situación en un par de semanas. Ante el futuro asegura que de momento no se plantean "nada, solo poner las cosas en condiciones e informar a los comuneros".

Algunos miembros de la pasada y de la actual directiva se critican mutuamente asegurando falta de cooperación. Sin embargo, Antonio y Maria Luisa tienen bastantes cosas en común: echan en falta más apoyo y orientación y, al igual que Juan Paz, piensan que el monte es responsabilidad de todos.