La Justicia interviene las inmobiliarias de un 'narco' para salvar 500 empleos

El juzgado instructor, la Fiscalía Antidroga y la Agencia Tributaria estudian cómo gestionar las promotoras inmobiliarias intervenidas al empresario de Vigo, Carlos Rocha, presunto testaferro del narcotraficante Juan Carlos González Martín, alias Culebras. Ambos fueron arrestados hace dos semanas junto a otras nueve personas en el marco de una operación contra el blanqueo de dinero en la que se intervinieron efectivos bancarios, inmuebles, joyas y un total de 20 millones de euros.

A la espera de un análisis pormenorizado de la situación financiera de las constructoras y la fase de ejecución en que se hallan algunos edificios de viviendas y otras promociones que estaba acometiendo el grupo, la salida más probable a corto plazo es decretar la administración judicial a cargo de inspectores de Hacienda. Esa medida afectaría al menos a seis de las empresas intervenidas en las que, presuntamente, Culebras habría invertido unos nueve millones de euros de dinero negro procedente del tráfico de drogas.

El propósito de la intervención judicial sería garantizar la continuidad de unos 500 trabajadores afectados por la operación policial y evitar perjuicios a proveedores y compradores de estas viviendas. Residencial Viasa es una de las promotoras cuya situación se está analizando y que es susceptible de ser gestionada por los administradores judiciales. Esta promotora construye dos edificios, uno de 48 viviendas y otro de 16 en Sabarís, municipio de Baiona. La intervención también podría afectar al proyecto -sin iniciar- del Centro Comercial Bandeira, en la calle Genaro de La Fuente, en Vigo, un solar de 30.000 metros cuadrados en Tomiño y otro en Tui, donde al parecer se proyectaban importantes construcciones.

Según las fuentes consultadas, la medida se apoyaría, además, en la solvencia que presentan algunas de las constructoras y en la avanzada fase de ejecución de las obras. Sólo una de las promociones afectadas aún no había acometido el proyecto, pero tenía contratado un préstamo hipotecario por importe de seis millones de euros cuya gestión también asumirían los administradores judiciales.

No es la primera vez que el Estado gestiona empresas intervenidas vinculadas al narcotráfico. En 1996, la Audiencia Nacional remató y vendió varios edificios de viviendas intervenidas al clan de los Charlines, en Pontevedra y Vilanova de Arousa, así como tres empresas relacionadas con el sector conservero. El precedente más antiguo de estas actuaciones judiciales se remonta a la incautación del Pazo de Baión, también en Vilanova, en la época en que Laureano Oubiña era su gerente.

Gran parte de las enormes cantidades de dinero negro detectadas que manejaba el grupo de Rocha para destinarlo al sector de la construcción en Vigo, provenían del propio Culebras. Pero, según fuentes de la investigación, también daba entrada en sus negocios inmobiliarios a otro tipo de inversores que se lucraban de la especulación con la reventa de pisos y que no declaraban a Hacienda el dinero que adelantaban a la promotora.

Esos depósitos en B, cuyo montante aún no se ha podido evaluar, no podrán ser recuperados por sus propietarios mientras la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, Marisol López, no levante el secreto del sumario.

Culebras, de 70 años, que de joven fue piloto de rallies, era un conocido empresario de Vigo cuando visitó por primera vez la cárcel en 1996, implicado en un cargamento de 36 toneladas de hachís que fue descubierto en el puerto de Marín, el mayor de cuantos se han intervenido en Europa y cuyo récord aún no ha sido superado hasta el momento. En la operación de hace dos semanas, Juan Carlos González fue arrestado junto a su mujer y sus dos hijos, que continúan en prisión junto a él, acusados de actuar también de testaferros en su trama empresarial.

Además de los negocios urbanísticos, Culebras había proyectado realizar una fuerte inversión en el sector naval construyendo un astillero en Vigo que no llegó a funcionar. Su tren de vida sorprendió a los investigadores. Entre los bienes que le ha intervenido la Justicia figuran cuentas en paraísos fiscales, dinero en efectivo, barcos, coches de lujo, obras de arte, mansiones y joyas.

En una caja de seguridad se hallaron piedras preciosas, diamantes y rubíes en bruto que serán analizados por un gemólogo. Ahora se ha sabido que Culebras utilizaba estas gemas como moneda de cambio para pagar a algunos de sus colaboradores. De hecho, después de la redada, a uno de los testaferros, propietario del astillero A Moa, en Moaña, y con el que planeaba otros negocios relacionados con el sector naval, entregó en el Juzgado un diamante y declaró que se lo había regalado Culebras.