Juicio a un subinspector de Trabajo por ayudar a proxenetas

Sin vacaciones, ni asistencia sanitaria y sin cualquier otro derecho laboral reconocido. En estas condiciones trabajaban entre 35 y 40 mujeres, la mayoría de procedencia brasileña, en dos locales de alterne de Pontevedra y A Coruña, según el escrito del fiscal. La Audiencia Provincial acogió ayer la primera parte del juicio en el que están imputadas ocho personas por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, tráfico ilegal de personas y prostitución. Entre ellos hay un subinspector de Trabajo.

El escrito de acusación recoge además que las mujeres trabajaban diez horas al día seis días a la semana. Cuando descansaban más de una jornada tenían que pagar 60 euros, al margen de 40 euros diarios por alternar en el local. Los empresarios, A.J.C., A.B.L. y M.G.B., negaron que se las sancionase por descansar y explicaron que ellos cobraban directamente a los clientes porque "entre ellas se robaban", pero limitaron sus ganancias a las consumiciones.

El fiscal pide 33 años de cárcel para los dueños de dos clubes de alterne

Las mujeres llegaban a España, tras mediar un contacto de la trama, con visado de turista. Una vez en Vigo, les esperaría el taxista J.L.T.L., que vestía una ropa determinada, normalmente un gorro de cuero y un signo pactado como un periódico bajo el brazo. Accedían a ejercer la prostitución impelidas al recibir 3.000 euros para el viaje, que al pasar la frontera debían devolver.

La organización gestionó la regularización de papeles de algunas de ellas. Para ello, asegura el fiscal, contaron con la ayuda de funcionarios públicos como M.D.R., subinspector de Trabajo destinado en Vigo que asesoraba a los acusados en los procesos de regularización, extranjería y sanciones, extremo que niega el propio funcionario. En correspondencia a esos favores, A.J. se comprometió "a pagar la reforma de la cocina de un piso que M.D. posee en Moaña", valorada en unos 7.000 euros, pago frustrado al salir a la luz la instrucción de este sumario y que también negó el acusado.

El fiscal pide 33 años de prisión para los tres empresarios, dueños de los clubes Tris-Tras, en Silleda (Pontevedra), y Lewinsky, en A Baña (A Coruña) y multas de 2.000 a 6.500 euros para el resto. Están imputados dos empleados, la novia de uno de los empresarios y el taxista. Pese a que admiten el ejercicio de la prostitución en sus locales, los acusados aseguraron que las mujeres acudían por propia voluntad. Sí reconocen la existencia de una serie de normas, como no fumar, no beber alcohol o no mascar chicle.