Caballero se niega a pagar deudas de anteriores alcaldes por 250.000 euros

El Ayuntamiento de Vigo está reteniendo el pago de 77 facturas emitidas por diversos proveedores por servicios realizados entre 2003 y 2006 y que suman un total de 251.336 euros. El actual gobierno municipal reclama al PP, que lo desempeñó en el anterior mandato, que los concejales que encargaron los servicios conformen las citadas facturas para proceder a su pago, pero desde el grupo popular se considera que esa petición tiene motivaciones meramente propagandísticas, con intenciones de desgaste, y que contradice la práctica habitual de las alternancias en los gobiernos municipales.

Del ejercicio de 2003, último año del mandato del nacionalista Lois Pérez Castrillo, están pendientes de pago 80.573 euros, más de la mitad por gastos de los órganos de gobierno con motivo de la World Fishing Exhibition. De 2004, año agitado en el que ocuparon la alcaldía Castrillo, el socialista Ventura Pérez Mariño y la popular Corina Porro, se adeudan 51.364 euros en 42 facturas, la más importante de las cuales, de 15.304 euros, corresponde a la Sociedad Cultural Oliva.

De 2005 están pendientes de pago 9.397 euros y de 2006, un total de 110.000 euros, que en su mayor parte corresponden al canon de ocupación del Instituto Ferial de Vigo, 44.318 euros, y a la agencia de publicidad Canal Uno, casi 30.000 euros. Los acreedores más frecuentes, en el conjunto de los ejercicios, son empresas de hostelería, aunque tampoco se ha abonado el reportaje fotográfico encargado con motivo de la toma de posesión de Corina Porro.

"Nosotros heredamos una deuda de más de 11 millones de euros cuando asumimos el gobierno", respondió ayer José Manuel Figueroa. "Lo tramitamos con un reconocimiento extrajudicial de crédito, que es como se llama el procedimiento, y no le dimos mayor trascendencia. Ahora da la sensación de que quieren montar un escándalo donde no lo hay, entre otras cosas, porque una parte de esas facturas no corresponden a nuestro gobierno, sino al anterior. Si no se pagaron fue porque llegaron después de que pudiéramos tramitarlas".

Raquel Díaz, responsable de Economía y Hacienda en el actual gobierno local, explica sus motivaciones: "Son facturas sin conformar, que no han sido fiscalizadas por la Intervención, y nosotros no podemos saber si se realizó el servicio que dicen o no. Lo único que pedimos es que alguien nos confirme que ese servicio se realizó, porque también nos hemos encontrado con facturas que repetían algunos de sus conceptos, lo cual es absolutamente anómalo". En medio de esa controversia, los proveedores siguen sin cobrar.