Chiringuitos, sí; investigadores, no

Mañana, por primera vez en la historia, un expresidente de la Generalitat se sentará en el banquillo. A Francisco Camps se le juzgará por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al haber aceptado varias prendas de vestir de una trama corrupta que obtuvo numerosos contratos del Gobierno que presidía. La imagen del expresidente en el Tribunal Superior de Justicia, con ser lamentable para su persona y para la institución que encarnó, no es, con mucho, la peor de las herencias que deja Camps a los valencianos. Vaya por delante que soy de los que siguen convencidos de que si de algo no se le puede acusar es de haberse lucrado mientras estuvo en el cargo. Fueron otros los que se enriquecieron y se corrompieron hasta las trancas pero no él, que es responsable -y no es poca cosa- de haber permitido que todo ello ocurriera durante su mandato sin adoptar medida alguna. Su inacción ante tanto fraude, falsedad y estafa justifica sobradamente su expulsión del Palau de la Generalitat.

El Consell tiene 15 millones para salvar la F-1, pero no cinco para la investigación

El final de su trayectoria en el Consell es paradójico. Llegó al cargo con aires regeneracionistas y de ruptura con la etapa de su antecesor, Eduardo Zaplana -un poco como ocurre ahora con Alberto Fabra-; pero su legado es, además de detestable, absolutamente contradictorio con sus ideas originales. Si entró valencianista, salió españolista. Se presentó como austero y ha acabado como despilfarrador y con la hacienda autonómica quebrada. Como Hércules redivivo aspiró a limpiar los establos de Augías y el poco o mucho estiércol que había lo extendió por toda la Comunidad Valenciana. De norte a sur el PP se llenó de presuntos casos de corrupción: Fabra, Gürtel, Emarsa, Brugal... El remate final llegó con la quiebra del sistema financiero valenciano, que ya venía tocado por el sometimiento de Bancaja y la CAM a los caprichos de la Generalitat. Pero la arriesgada apuesta de ambas entidades y la del Banco de Valencia por el sector de la construcción, la ausencia de control por parte del Banco de España y del Instituto Valenciano de Finanzas (que alguna responsabilidad también tiene por mucho que el PP se empeñe en mirar para otro lado), más la inepcia política del Consell hundieron en la miseria -literalmente- a todo el sistema. La única acción que se le conoce a Camps para evitar el desastre, lejos de evitarlo lo empeoró. El expresidente se opuso a la fusión de la CAM con Caja Madrid y no solo no ayudó a la primera, sino que dejó Bancaja en manos de Rodrigo Rato. Genial.

Pero la herencia más envenenada y corrosiva que deja este hombre, víctima, entre otras muchas cosas, de su debilidad ante los pelotas profesionales (Álvaro Pérez, El Bigotes) y los miembros de la Casa Real (Urdangarin), es su apuesta desmedida por el espectáculo y su desdén por la cultura del esfuerzo. La suma de pan, circo y victimismo fue muy rentable electoralmente para él y para el PP y una auténtica desgracia para los valencianos. Coletazos de esa forma de entender y practicar la acción de Gobierno todavía los vivimos en la actualidad. La forma en que el Consell de Alberto Fabra ha conducido la crisis del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe (CIPF) revela cuál es el objetivo último de una práctica política muy concreta. Este Gobierno en la ruina es muy capaz de encontrar 15 millones de euros para salvar el campeonato de fórmula 1, pero no sabe de dónde sacar cinco para recuperar a los 103 investigadores despedidos del CIPF y mantener la actividad del centro.

La grave herida infligida al CIPF resulta mucho más sangrante si se compara cuál fue la actitud del Consell en la falsa crisis de ocho chiringuitos de la zona de Pinedo en Valencia a los que Costas quiso limitar la superficie de sus terrazas. Los cargos públicos se despacharon a gusto contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Vale la pena recordar algunos de aquellos disparates: "Los chiringuitos son una de nuestras señas de identidad". "Este Gobierno es nefasto. No podemos seguir así. Pido que lo cambien, que pongan a otros, que vengan aquí". "No entiendo por qué tiene que estar presionando a los propietarios de los chiringuitos, asustándolos permanentemente" (Rita Barberá, alcaldesa de Valencia). "[La posición del Gobierno] es algo que ya clama al cielo y que no merece más espera. Queremos hechos, soluciones" (Serafín Castellano, consejero de Gobernación). "Es una vergüenza más del Gobierno de Zapatero que ha llevado a poner contra las cuerdas a un sector tan importante como el turístico" (Rafael Blasco, portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas). "Actualmente se produce un ataque indiscriminado al turismo valenciano y no lo vamos a consentir" (Juan Carlos Gelabert, presidente de la Asociación de Hosteleros). El Consell de Camps dijo que apoyaría las protestas en la calle, provocó la intervención del Consejo Jurídico Consultivo e incluso forzó a Mariano Rajoy a pronunciarse a favor de los chiringuitos. Ocho chiringuitos situados en la playa de Pinedo en Valencia.

Ahora ninguno de estos: Ni la alcaldesa, ni el consejero de Gobernación, ni el portavoz parlamentario, ni el futuro presidente del Gobierno de España, mucho menos el actual presidente de la Generalitat han dicho ni pío sobre los despidos en el CIPF. Ese es el legado de Camps y ese el objetivo político del PP. Prefieren una sociedad de camareros y de albañiles a una de investigadores. ¿Que es una exageración? Tal vez. Pero los hechos son los que son. Mal que les pese.