Casos con nombres y apellidos

Las denuncias de supuestos abusos urbanísticos se cuentan por cientos. Este es el relato que hacen de su situación algunos afectados.

VIEL Y LIEVE DE CLIPPEL. Pagar 700.000 euros

Desde hace 22 años viven en un caserón de unos 900 metros cuadrados sobre la colina, en el Alto de las Palmeras en la zona conocida como la Coma del Pou de Benissa. Adquieron 30.000 metros cuadrados, y desde hace dos años una promotora presentó un proyecto para urbanizar la zona y construir 104 chalés. "Nos cogen más de la mitad del terreno para poner casas y nos obligan a participar en los gastos", afirma la pareja de origen belga, Van Viel i Lieve de Clippel. En su terreno está previsto que se levanten 17 casas, "sólo me dejan la terraza, y encima nos piden 700.000 euros por los gastos de urbanización de la zona". Hace dos años que no hay ningún avance en el proyecto pero temen que de nuevo vuelva a resurgir, "esperemos que nos dejen tranquilos y podamos continuar disfrutando de esta vista", ya que desde su casa se contempla el Penyal d'Ifach. "No está nada claro, esperamos que se modifique la ley y proteja los derechos de los propietarios", concluye.

SONIA Y WILLIAM GALE. Jubilación de pesadilla

Otra pareja de afectados son los británicos Gale, que hace ocho años decidieron jubilarse y retirarse a la cálida costa mediterránea. Vendieron todas sus pertenencias -tenían un bar- y con las ganancias se compraron en 2001 una parcela de unos 2.300 metros cuadrados, que incluía un adosado de 90 metros, jardín y piscina, en Benissa (Alicante). William y Sonia Gale encontraron su rincón ideal en el Racó de Galeno. Pero en 2002 una promotora presentó en el Ayuntamiento un PAI (Programa de Actuación Integrada) sobre una superficie de 250.000 metros cuadrados para edificar adosados. Ahora han empezado las obras, viven roedados de ruidos y excavadoras. Ante este panorama, según sus abogados, se han ido antes al Reino Unido de vacaciones. Les notificaron que su parcela estaba afectada por el PAI y que debían pagar 42.500 euros en concepto de gastos de urbanización y perder unos 800 metros cuadrados de terreno porque se hará un vial. El caso está ahora en el Tribunal Supremo a la espera de una resolución. "La Administración les ha dado la espalda, están despesperados por la lentitud de la justicia", admite uno de sus abogados, "a este paso la sentencia la verán sus nietos".

JOSÉ MARÍA DÍAZ. Progreso con garantías

En la urbanización El Aljibe, en la ladera este del Maigmó, más de un centenar de propietarios no duermen. Compraron hace décadas unas parcelas de entre 5.000 y 7.000 metros cuadrados, allí tienen sus casas con piscina y jardín, pero les amenaza un PAI que proyecta 1.290 viviendas con la correspondiente urbanización del suelo. A cada propietario el agente urbanizador le exigirá "mucho dinero", admite José María Díaz, uno de los vecinos afectados, que empezará a pagar por metros. Una delegación vecinal expuso en Bruselas su caso ante el Comité de Peticiones el pasado abril. Se sienten indefensos por este plan parcial, rebajado pero no paralizado por el nuevo equipo de gobierno. Los afectados valoran la LUV vigente. "La nueva ley es prima hermana de la anterior. Lo malo es que deja muchas puertas abiertas y flecos que promotores, alcaldes y agentes urbanizadores pueden aprovechar en cualquier momento", sostiene Díaz. Los afectados aplauden si se vuelve a modificar la legislación urbanística valenciana para defender sus intereses, "no estamos en contra del progreso y de la urbanización, pero hay que ver cómo y a qué precio" concluye este vecino.

JOSÉ CRESPO. Sentirse en el limbo

El caso de José Crespo es conocido. Su periplo comenzó con la LRAU todavía en vigor. Jurista desde hace 20 años, compró una casa en la localidad de San Juan (Alicante), en 1999. "Vi una casa con jardín que me gustó y antes de comprarla comprobé que su situación era legal, y la compré". Dos años después, Crespo comenzó a oír rumores sobre expropiaciones en la zona, pero nadie le notificó nada. "Investigué y supe que una empresa había presentado un proyecto para urbanizar dos millones de metros cuadrados donde está mi casa". Como contaba a finales de 2005, Crespo contabilizó nueve proyectos diferentes. Algunos de estos PAI parecían respetar la vivienda, otros la destruían bajo una rotonda y otros se quedaban con medio jardín. Según Crespo, el proyecto no tenía pliego de condiciones, ni se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea "ni respetaba las obligaciones de transparencia y competencia".

En 2003, con un cambio de gobierno municipal, la situación cambió y los PAI se pararon. Cuatro años después, con la LUV en vigor, ha sido el propio ayuntamiento de San Juan el que tramita un nuevo Plan General, donde se propone la reclasificación de dos millones de metros cuadrados de suelo en la zona conocida como Fabraquer. Los cauces son legales, pero Crespo replica: "Yo, por lo menos, me siento de nuevo en el limbo", asegura.